Imputan a exintendente de La Colmena por lesión de confianza ante un perjuicio de más de G. 91 millones

El agente fiscal Silvio Corbeta de la Unidad n.º 16 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra el exintendente de la cuidad de La Colmena, Mario Iván Melgarejo (41) y otras 8 personas -entre ellos, funcionarios municipales- por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en diferentes grados de participación.

El Ministerio Público investiga un perjuicio patrimonial de un monto total de G. 91.738.000.

Se sospecha de hechos de corrupción que se habrían cometido en el Ejercicio Fiscal 2015/2020 referente a obras de construcciones y prestaciones de servicios. Los particulares habrían sido adjudicados con contratos que no fueron ejecutados conforme a las normativas establecidas como también libramientos de cheques sin respaldo documental que habrían sido cobrados por funcionarios municipales.

Entre los imputados junto con el exintendente municipal de La Colmena, Mario Iván Melgarejo, figuran: Darío Rubén Garay Jara (tesorero), Gladys María Centurión Rojas (secretaria general), José Augusto López (responsable de la UOC), Teovaldo Ramón Cañete Varela (propietario del taller de Elastiquería San Ramón), Silvia Agostina Pedrozo Acosta (propietaria de la estación de Servicios Copeg – Puerto Irala), Marcelino Torres (propietario de Marcelo Construcciones), Dora Adelaida Lezcano Cardozo (concejal municipal) y Emanuel Satio Yamazaki Alvarenga (exfuncionario municipal).

El escrito refiere que en el año 2016 y 2017 se celebraron contratos entre la Municipalidad de La Colmena y entes privados para la prestación de servicios como ser: provisión de combustibles, reparación y mantenimiento de maquinarias, entre otros. Los contratos fueron firmados por Mario Iván Melgarejo en su calidad de intendente municipal y por José Augusto Rojas, en algunos casos por Gladys Centurión Rojas. Con respecto a las órdenes de pago y los cheques eran firmadas por el extesorero, Darío Rubén Garay.

De acuerdo a la denuncia presentada por ediles municipales, el Ministerio Público se abocó a la tarea investigativa librando oficios a entidades bancarias, colectando datos a través de las testificales y ejecutando procedimientos de allanamientos. Mediante los documentos incautados, se puede manifestar que existiría un esquema delíctivo para la comisión de fraude a la municipalidad, diseñado a través de uso de figuras legales y administrativas con el fin de obtener beneficios en detrimento del erario público.

El documento señala además, que con la conducta de los funcionarios se habría causado un perjuicio patrimonial a la institución, consistente en la disminución del valor activo que le correspondía en concepto de asignación a la cuenta Royalties, considerando que dichos fondos no fueron destinados para la financiación de proyectos de inversión pública, desarrollo de la producción local ni regional o mejorar la infraestructura como lo obliga la ley.

Los contratos se efectuaron en los años 2016 y 2017, tanto por la vía de la excepción y por contrato directo, todos bajo la administración del municipio en cuestión: adquisición de combustible para uso institucional. Contrato por vía de la excepción. (2016). Monto G. 31.438.000; adquisición de servicios de reparación y nantenimiento de vehículos y maquinarias. Contrato directo (2017). El contrato ascendió a la suma de G. 120.000.000 y el perjuicio ocasionado habría sido de G 37.800.000 a través de la producción y utilización de documentos no auténticos; servicios de reparación y mantenimiento de tractor agrícola con pala y provisión de repuestos. Contrato por la vía de excepción (2017). El perjuicio patrimonial ascendió a G. 22.500.000.

La representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías que dicte medidas alternativas a la prisión y entre ellos se puede mencionar la prestación de una caución adecuada por G. 100.000.000.