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Rolón: seis primeras medidas en seis días de gestión

Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón-. Foto: Archivo

Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón-. Foto: Archivo

En seis días de gestión ya se pueden visibilizar seis primeras medidas de gestión de gran relevancia por parte del nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, al frente del Ministerio Público, una institución muy debilitada por la pésima gestión que dejó la anterior responsable, Sandra Quiñónez. La expectativa sigue siendo grande y toda la opinión pública aguarda que el nuevo titular de la Fiscalía siga demostrando señales positivas de cambios para limpiar la cara de la entidad y hacerla más efectiva.

En los primeros días de gestión, que empezó el pasado 10 de marzo, se puede observar que Rolón realizó las primeras reasignaciones de fiscales adjuntos, dispuso el retorno de funcionarios comisionados en otras instituciones, solicitó a Hacienda un informe sobre ascensos, recategorizaciones, nombramientos y asignaciones realizados por Quiñónez desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023 y dispuso dejarlos sin efecto.

Asimismo, emplazó a funcionarios a informar sobre tenencia de vehículos en carácter de depositario judicial, dispuso la apertura de un sumario contra Laura Guillén, auxiliar fiscal detenida con vehículo robado, además de emplazar al MOPC con respecto a las lomadas y solicitó la eliminación de las que no tengan justificación legal.

1- Reasignaciones

A través de una nueva resolución, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el marco de su política de administración, gestionó las primeras reasignaciones dentro del Ministerio Público.

El titular máximo de la entidad asigna al fiscal adjunto Marco Alcaraz como fiscal responsable del área XV, departamento de Paraguarí, sin perjuicio de sus actuales funciones como fiscal adjunto de Narcotráfico. Además de este, realizó 15 reasignaciones dentro del ente.

Se reasigna al fiscal adjunto Jorge Arsenio Sosa García para cumplir funciones como responsable de Alto Paraná, mientras que el fiscal adjunto Augusto Salas como responsable de Itapúa.

El fiscal adjunto César González fue asignado como responsable de Canindeyú y de Amambay, mientras que la fiscal adjunta María Teresa Aguirre a Misiones, como también a Humberto Rosetti Miranda a los departamentos de Guairá y Caazapá. Se reubica al fiscal adjunto Edgar Augusto Moreno para cumplir funciones como responsable del área III, de todo el departamento Central, para la supervisión de todas las unidades fiscales de esa área, entre otras designaciones.

2- Retorno de comisionados

Funcionarios de la Fiscalía con traslados temporales y comisionados a otras instituciones deberán retornar al Ministerio Público por disposición de su titular, Emiliano Rolón.

La medida también deja sin efecto la prórroga de comisiones interinstitucionales de funcionarios de la Fiscalía.

Los funcionarios que estaban realizando tareas en otras instituciones deberán retornar y presentarse ante la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio Público para atenerse a las indicaciones que esta les asigne.

3- Suspensión de ascensos y nombramientos

Asimismo, Rolón dejó sin efecto los ascensos y nombramientos de funcionarios del Ministerio Público de diciembre del 2022 al 8 de marzo del 2023, los últimos firmados por Sandra Quiñónez.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el motivo guarda relación con una gran cantidad de movimientos en el anexo del personal en dichos meses, antes de la salida de Sandra Quiñónez.

El abogado Robert Marcial González, miembro titular de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, expresó a radio Monumental 1080 AM que el nuevo fiscal tiene la potestad de tomar dicha decisión y que es un acto simbólico que representa la búsqueda de la transparencia.

“En estos casos no se puede hablar de derechos adquiridos, más cuando existen sospechas fundadas. Cada nombramiento se debe hacer con transparencia”, manifestó. Asimismo, indicó que los salarios deberán volver al monto que estaban antes del ascenso o nombramiento.

4- Pedido de informe sobre uso de vehículos

A través de la circular 09/2023, la Dirección General de Talento Humano, por instrucción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso que todos los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios en general, en el plazo no mayor de seis días hábiles, informen sobre la tenencia de todo vehículo automotor que correspondiera a una causa y que fuera otorgado en calidad de depositario judicial, especificando la causa, los datos y la referencia de la autoridad que dispuso la entrega.

Se recuerda que el tiempo establecido para la elevación de dicho informe es de seis días a partir de la fecha. En caso de que no se respete dicho plazo, podría haber sanciones.

Esta situación se genera luego de la situación de la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Hilux que fuera hurtada en Brasil. La mujer está imputada por los delitos de reducción y resistencia y se solicitó la prisión preventiva para la misma.

5- Apertura de sumario contra Guillén

En ese sentido, Rolón también ordenó la apertura de un sumario administrativo contra la auxiliar fiscal en cuyo poder estaba una camioneta robada en el Brasil. La funcionaria del Ministerio Público fue sorprendida por agentes de la Policía Nacional.

“El Dr. Emiliano Rolón emitió una providencia por la cual dispone la apertura de un sumario administrativo a la funcionaria Claudia Guillén G. ante la situación particular ocurrida con la misma, quien habría sido sorprendida en flagrancia de posesión de vehículo supuestamente robado”, señala el comunicado del Ministerio Público.

6- Urgimiento al MOPC sobre “lomadas inútiles”

El nuevo fiscal también envió un pedido formal al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, solicitando que se elabore un informe que justifique las “lomadas” en las avenidas del país. En la misma nota hace la acotación de que en caso de no contar con una debida justificación, las mismas deberán ser eliminadas, teniendo en cuenta que representan un “obstáculo para el tránsito”, y podría eventualmente convertirse en un peligro para los que transitan por el sitio.

El documento oficial emitido por el Ministerio Público expresa que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el que “impone la instalación de obstáculos al tránsito como las lomadas, señalando a las instituciones o bienes jurídicos a precautelar con tales medidas y previendo en tales circunstancias las señalizaciones adecuadas”.

Posteriormente, el fiscal señala que si desde la cartera de obras no se pueden justificar las lomadas construidas y que constituyan un peligro para el tránsito vial, deben ser eliminadas por lo previsto en el artículo 216 del Código Penal de “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.

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