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Martens: “Tenemos un gobierno al servicio del crimen organizado”
Agentes policiales. Imagen ilustrativa
El libre albedrío de la delincuencia y el crimen organizado derivan en altos niveles de inseguridad para toda la población, con hechos de sicariato que ocurren a plena luz del día y en la capital del país. Esta situación se agrava a raíz de la complicidad e inacción de funcionarios corruptos que se encuentran al servicio del crimen organizado, según explicó el doctor en criminología Juan A. Martens.
El profesional en materia de seguridad habló con la redacción de El Nacional y expresó que existen demasiados funcionarios que poseen su cuota de responsabilidad en la situación que afecta al sistema judicial, penitenciario y policial del país. “Hay funcionarios que forman parte del problema. Tenemos un Gobierno presente en la criminalidad y las estructuras criminales, que utiliza su poder y la información que recibe para beneficio propio y no para el cumplimiento de la ley”, analizó.
Con los últimos sucesos, explica Martens, solo se demuestra que elementos estatales se encuentran al servicio del crimen organizado, cuyos responsables dejan que ocurran hechos delictivos, violando el mandato que tienen que defender y cumplir la ley para que la ciudadanía goce de la seguridad como garantiza la Constitución Nacional.
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Falta de profesionalismo
“Imaginate que estamos a 8 días del asesinato en un supermercado capitalino y ni siquiera tenemos identificado el trayecto de los criminales que ejecutaron el sicariato. Evidentemente hay una descoordinación y falta de profesionalismo al servicio de la comunidad. Sin embargo, hay un profesionalismo que se utiliza con fines personales y criminales”, dijo el criminólogo, en relación al caso de Ederson “Ryguasu” Salinas.
Martens lamentó que no se observan soluciones en el corto plazo y trajo también a colación la reciente detención del jefe de Inteligencia de la Policía, que incluso tenía una labor anticontrabando, por haber cobrado 20 millones de guaraníes en concepto de coima, según la imputación fiscal.
“Todo esto habla de la venta de mercancía política, se le llama en criminología, a la utilización con fines personales de información privilegiada en cumplimiento de sus funciones que afecta en términos de seguridad”, afirmó.
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“La Policía y Fiscalía ostentan riqueza malhabida”
En ese sentido, el también docente universitario consideró que no existe una voluntad política clara desde el Ejecutivo y aseveró que urgen que se vean acciones concretas.
“Pareciera que la detención del subcomisario fue como para calmar la ansiedad ante tanta necesidad que tenemos los ciudadanos luego del sicariato que ocurrió. Apenas una acción o reacción de la Policía para calmar el hartazgo ciudadano. Sin embargo hay una estructura funcionando perfectamente en otros espacios, y ahí necesitamos que desde el Ejecutivo se activen procedimientos claros y concretos para desalentar la comisión sistemática de delitos en el ejercicio de las funciones”, refirió.
Como ejemplo de algunas acciones que se pueden emprender, sugirió realizar el análisis y correspondencia de los bienes que tienen los funcionarios públicos.
“Tenemos unos que ganan 7 a 9 millones de guaraníes al mes y se movilizan en camionetas de USD 70 mil y tienen casas de USD 1 millón en barrios cerrados. La Policía y la Fiscalía ostentan impunemente la riqueza malhabida. Esto se debe analizar en todas las instituciones y responsables en función de gobiernos en cargos claves. Eso debe acabar. Tanto la Contraloría como Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen atribuciones para ejecutar acciones que desalienten el crimen”, concluyó
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