Una más del IPS: ente busca que el Estado le recupere G. 30 mil millones

Una vez más el Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra en el centro de la polémica por acciones judiciales impulsadas por pacientes no asegurados que representan un gasto de G. 30.000 millones para la entidad previsional. Por su parte, autoridades del ente anunciaron que accionarán en contra del Estado ante la Justicia, de modo a recuperar los montos desembolsados.

Hugo Aranda, gerente de Abastecimiento y Logística de IPS, mencionó que la Dirección Jurídica de la previsional está viendo la posibilidad de recuperar parte de los fondos que utilizaron para gastar en amparos en los últimos cuatro años.

“Estamos hablando de entre G. 20.000 millones a G. 30.000 millones, de los últimos cuatro ejercicios. Esto no es de la pandemia, es de acciones por amparos”, explicó el funcionario, durante una entrevista que mantuvo con la 1080 AM.

Se trata de amparos que habían sido resueltos por jueces en favor de pacientes no asegurados para que reciban atención médica en el Instituto de Previsión Social. “Esto ocurre todo el tiempo. Llegó un momento en el que tuvimos que pedir a las autoridades judiciales, a quién de nuestros asegurados en terapia le teníamos que sacar para hacer cumplir, porque estábamos en un desacato”, prosiguió Aranda.

El gerente habló también de la deuda del Ministerio de Hacienda con el IPS por los gastos incurridos en pacientes no asegurados durante la pandemia del covid-19. “Estoy seguro de que va a llegar al billón de guaraníes”, manifestó.

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IPS tiene derecho a reaccionar

El IPS tiene derecho a reclamar los gastos en contra del Estado paraguayo, en los casos en que se hizo cargo de los pacientes que no contaban aún con el derecho por la falta de aportes correspondientes. Esto, según dos fallos dictados por el Tribunal de Apelación de feria, integrado por los camaristas Delio Vera, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez Faría.

En ambos amparos que fueron ratificados, los jueces Raúl Florentín y Yoan Paul López habían admitido que el IPS se hiciera cargo de los gastos médicos de una menor que es asegurada beneficiaria y otro que no tiene la cantidad de meses de aportes necesarios.

“Finalmente, debe agregarse que siendo el Estado paraguayo quien está obligado por nuestra Ley Suprema a garantizar el pleno goce de los derechos consagrados en ella, debo hacer indicación a que en el caso en que el Instituto de Previsión Social incurra en gastos onerosos o excesivos como consecuencia de la realización de tratamientos médicos o provisión de medicamentos, como consecuencia de la obligación impuesta mediante la acción de amparo constitucional, dicha entidad cuenta con el derecho de repetir contra el Estado por los gastos en que incurra…”, señalan los magistrados.

Con ello, de acuerdo con los camaristas que estudiaron los fallos, pese a que son obligados judicialmente, porque prevalece el derecho a la vida, remarca que es el Estado paraguayo el que debe velar porque se cumplan los derechos y garantías consagrados en la Constitución.

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Amparos

En el caso del amparo admitido por el juez Raúl Florentín, fue a favor de un hombre que padecía de cáncer, por lo que debía proveerle de los medicamentos que necesitaba para su tratamiento.

El IPS apeló este amparo con el argumento de que el accionante solo tenía cuatro meses de aportes de la patronal, por lo que aún no tenía derecho a ser beneficiario, ya que requería de 12 meses.

En el caso del juez Yoan Paul López, este admitió un amparo contra la previsional para que le proveyera insumos para una cirugía a una niña con discapacidad, cuyo padre sí era asegurado con derechos.

En este caso, la entidad, a través de sus abogados, apeló el fallo con el argumento de que si bien el padre tenía derechos, la niña era beneficiaria, y que estos servicios debían ser utilizados por asegurados cotizantes y no aquellos beneficiarios. En ambos casos, los camaristas señalaron que prevalecen el derecho a la vida y la salud de las personas por sobre los reglamentos del Instituto de Previsión Social.

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Pésima gestión

La gestión actual del IPS acumula una serie de irregularidades y denuncias por la pésima administración sobre la entidad y los fondos jubilatorios. De hecho, el presidente Vicente Bataglia fue interpelado el 16 de agosto de 2022 por diversas irregularidades en su administración, incluyendo los procesos licitatorios; sin embargo, dejaron pasar los días y luego venció el plazo para convocar a una sesión para que fuera tratado el voto de censura, que debía ser aprobado o rechazado en la Cámara de Diputados.

El doctor Bataglia, quien se aferra al cargo de presidente de la previsional, tiene múltiples cuestionamientos a su gestión debido a las innumerables denuncias de supuestos negociados en licitaciones y tercerizaciones. Incluso tiene a cuestas la polémica denuncia de amputación errónea a Ramón Samudio.

Además, persisten las denuncias de desabastecimiento de medicamentos, la postergación de las sesiones de quimioterapia, hasta las barreras para el agendamiento de citas médicas, entre otras quejas.

La reciente aprobación de millonarios préstamos para saldar deudas con farmacéuticas también fue otro de los factores que sacudió aún más el avispero, en una gestión que genera muchas dudas sobre la transparencia en el manejo del dinero de los asegurados.

Senado convocará al contralor para que argumente sobre "máxima corrupción" en IPS – https://t.co/E0WV48MKhx pic.twitter.com/EwqoOeDYKj

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