Comisión de Diputados rechaza proyecto de ley que insta a las FF. AA. a luchar contra la delincuencia

La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida por el diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), rechazó el proyecto de resolución “que insta al señor presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, a disponer el empleo de las fuerzas militares en el departamento de Alto Paraná”.

En el documento de declaración, se insta al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación a disponer el empleo de las fuerzas militares para luchar contra la delincuencia y la inseguridad en el mencionado departamento.

Los parlamentarios decidieron bajarle el pulgar agarrándose en el Art. 6.° de la Ley 216 “De Organización General de las Fuerzas Armadas de la Nación”, en donde se establece que la misión de las Fuerzas Armadas es custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas, conforme con la Constitución Nacional y las leyes y la Ley 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”.

En dicha Orgánica de la Policía Nacional, también en el artículo 6.º, se establece que serán funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional “preservar el orden público legalmente establecido; proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y de sus bienes; y prevenir la comisión de delitos y faltas mediante la organización técnica, la información y la vigilancia”.

Según el reglamento, las Fuerzas Armadas no pueden realizar tareas que competen única y exclusivamente a la Policía Nacional. En segundo término, el proyecto de resolución “que solicita informes al Poder Ejecutivo – Ministerio del Interior, sobre pago de recompensa por información de secuestrados”, obtuvo dictamen de aprobación.

El documento en cuestión tiene como fin conocer los resultados obtenidos a través de esta campaña, teniendo en cuenta que se pretende aumentar el presupuesto destinado a dicho componente a través de los Gastos Reservados de la Presidencia de la República, lo que implicaría aumentar el Presupuesto General de la Nación.