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Gastos declarados por candidatos levantan aún más sospechas sobre financiamiento

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó en el Observación Nacional de Financiamiento Político (Onafip) los bienes monetarios y no monetarios que los candidatos presidenciales para las Internas Partidarias de diciembre, declararon que van a utilizar. En las principales chapas presidenciales se observan montos irrisorios y hasta en algunos casos, se declaró que no se utilizará dinero alguno, lo que levanta la sospecha sobre lo que realmente gastarán y también el origen del financiamiento.

Christian Ruíz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, comentó que lo publicado por la entidad en el portal web del Onafip muestra lo que los precandidatos declararon tener para invertir en sus respectivas campañas. En ese sentido, aclaró que los montos indicados por cada uno de ellos no necesariamente marca que ese pueda ser el límite, sino que quizás pueden gastar menos o más, incluso.

Así también, explicó que la ley les permite a cada candidato declarar cero guaraníes, como ocurrió en el caso de algunos. “Esta ley es muy complicada porque en realidad son cuatro leyes que se modifican parcialmente una con otra. Y esta primera parte es simplemente para saber cuánto tienen”, reconoció el funcionario, durante una entrevista que brindó a la 730 AM, en la mañana del lunes.

Montos curiosos

Según el Onafip, por ejemplo, el precandidato cartista Santiago Peña declaró que gastará unos G. 500 millones de su propio bolsillo. Declaró no haber recibido donación alguna en dinero, aunque casi toda su movilidad la realiza usando camionetas y aeronaves del ex presidente Horacio Cartes, quien fue declarado recientemente por los Estados Unidos como “significativamente corrupto”.

Su dupla, el pilarense Pedro Alliana, declaró que gastará G. 300 millones. En total, estos dos precandidatos cartistas moverán solo G. 800 millones de cara a las internas, según lo que declararon. Sin embargo, solo en cartelería desplegada el monto sería mucho mayor.

Por otra parte, desde la otra vereda, la dupla oficialista conformada por Arnoldo Wiens y Juan Manuel Brunetti declaró en conjunto que gastarán G. 660 millones de su dinero.

El opositor Efraín Alegre, por su parte, dijo disponer de G. 6 millones mensuales de su salario para su campaña. Mientras que su dupla, Soledad Núñez, declaró una cuenta de G. 100 millones.

Los montos más altos declarados fueron los de Hugo Portillo y Martín Burt, presidenciables por la opositora Concertación, quienes en conjunto declaran tener G. 1.120 millones.

Uno de los que sorprendió fue el de Sebastián Villarejo, precandidato por el Partido Patria Querida (PPQ), quien declaró tener G. 0; mientras que su dupla, la precandidata a vice, Patricia Dos Santos, dijo tener G. 80 millones.

¿De dónde sale el dinero?

El director de Financiamiento Político explicó que los montos declarados por cada candidato finalmente no son de gran ayuda para las autoridades al momento de determinar la trazabilidad del financiamiento político, a modo de conocer de dónde sale todo el dinero que va a parar a las diferentes campañas electorales.

“Para la trazabilidad debemos saber quiénes financian la campaña y eso vamos a saber ahora. Porque cada aporte que reciben los candidatos, deben informar de dónde viene y ahí se debe analizar si el aportante tiene la capacidad económica para poder estar invirtiendo en campañas y demás”, acotó.

Asimismo, confirmó que en las rendiciones de cuentas de los candidatos está prevista la publicación de la nómina de donantes. Sin embargo, lamentó que todo esto se hace recién después del 18 de diciembre, una vez concluidos los comicios internos, lo que imposibilita al TSJE utilizar los datos de una manera preventiva.

En ese sentido, consideró que se debe hacer modificaciones a la ley, a modo de que la entidad electoral pueda realmente evitar el ingreso de dinero de origen sospechoso a las diferentes campañas.

Por otra parte, afirmó que tienen un mecanismo interno donde están haciendo investigaciones y que, en caso de encontrar algún indicio serio, están obligados a reportar las actividades sospechosas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

“No digo que vamos a revisar las más de 70 mil precandidaturas porque es humanamente imposible. Pero tenemos un equipo y una matriz de riesgo que es una herramienta informática que se nutre de los datos declarados y sobre ellos vamos a elaborar perfiles. Y si alguien tiene un nivel alto de riesgo, es quien recibe una mayor investigación”, concluyó.

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