Se dilata proceso de juicio a Quiñónez mientras se negocian votos

La Cámara de Diputados, nuevamente, no logró agotar el estudio de los 11 puntos de que consta el libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. El proceso del juicio político, recordemos, inició el domingo, con las fundamentaciones de las causas que desembocan, principalmente, en mal desempeño de funciones. El pleno solamente logró avanzar hasta el séptimo punto del documento, quedando cuatro causales pendientes de estudio.

Los legisladores que impulsan el trámite de enjuiciamiento político todavía no completan sus votos, teniendo a los diputados liberales Carlos Noguera Cano y María de las Nieves López como los indecisos y quienes podrían inclinar la balanza a favor de destituir a Quiñónez.

En la jornada del lunes, la diputada Kattya González (PEN) se refirió al estudio realizado por la Comisión Bicameral de Investigación, sobre lavado de dinero y delitos conexos, en donde se investigó al señor Darío Messer y a sus asociados. Expuso que la red de lavado de dinero trasnacional habría movido cerca de 1.600 millones dólares y operado a través de cuentas en 52 países.

Agregó que la Policía Federal de Brasil afirmó haber encontrado alrededor de 84 millones de reales (US$ 20 millones), propiedad de Cartes y presuntamente ocultos por la red criminal. Enfatizó que Darío Messer fue el responsable de dar cobertura a las operaciones de Vinicius Claret y Claudio Barboza y recibía el 60 % de las ganancias del grupo criminal.

“Si los diputados no tomamos conciencia sobre el lavado de dinero debemos irnos a nuestras casas” sentenció.

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Falta de acción ante informes de Seprelad

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) se encargó de fundamentar este punto que refiere sobre la omisión por parte de la Fiscalía General, de trabajar, conjuntamente, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad o cualquier otro órgano público o privado, con el fin de conocer los hechos puestos a su consideración.

“Cuanto menos, el Ministerio Público omitió imprimir los trámites necesarios para llevar adelante los actos investigativos oportunos, con lo que se podía haber evitado favorecer la prescripción de los hechos y, de esta manera, la impunidad”, dijo el legislador.

Añadió que el Ministerio Público, lamentablemente, se convirtió en un órgano con carácter selectivo para investigar a algunas personas por hechos punibles de gravedad, como el lavado de dinero; y que desconoce su labor constitucional y el principio de legalidad procesal que debe regir sus actuaciones.

Inacción deliberada para la recuperación de activos

La diputada Kattya González, explicó, en este punto, que pasaron cuatro años sin que el único órgano competente, el Ministerio Público, haya impulsado el comiso especial autónomo de los bienes de Darío Messer, generando, con esta actitud, impunidad para un delincuente vinculado a crímenes transnacionales y perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo.

Recordó que Messer es dueño del 99,9 % de todos los bienes incautados y administrados por la Senabico, y desde hace 4 años sigue obteniendo beneficios por medio de sus bienes, renunciando a ellos en el país vecino y obteniendo beneficios procesales previstos en la legislación brasileña.

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El poderoso socio de Cartes, beneficiado por Quiñónez

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) se encargó de hablar de la supuesta omisión y complicidad de la fiscal general del Estado, Sandra Raquel Quiñónez, en el caso “Roque Fabiano Silveira”.

Refirió que, según una investigación realizada y publicada por el diario Última Hora, Roque Fabiano Silveira tiene un perfil que, cuanto menos, debía haber levantado alertas al Ministerio Público, al recibir los informes de parte de Seprelad con relación al mismo en los años 2018 y 2019.

La diputada Amarilla dijo que, una vez más, se evidencia que actuaciones sistemáticas que ya habían sido registradas en el marco de distintas investigaciones no llamaron la atención del Ministerio Público, siendo atribución de la fiscal general del Estado determinar las prioridades institucionales, según la ley orgánica.

“Es decir, a pesar de contar con evidencia sustentada en informes de inteligencia oficiales y datos contundentes brindados por el testimonio de personas involucradas, no ha existido decisión política de parte de la titular del Ministerio Público de investigar ni de establecer las sanciones correspondientes”.

Diputados reanuda sesión para estudiar juicio político a Quiñónez, pero no habrían votos – https://t.co/PfS6DevZK2 pic.twitter.com/FqX2X3IWvs

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Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía

El diputado Sebastián Villarejo explicó que la Fiscalía General no mide con la misma vara todos los casos. En el documento se señala que el señor Óscar González Daher fue procesado, imputado y acusado por no haber declarado bienes que le pertenecían al momento del llenado de su declaración jurada.

Sin embargo, al señor Horacio Cartes Jara, también denunciado por declaración falsa, la Fiscalía le aplicó un criterio distinto, solicitando como diligencia previa, la realización del examen de correspondencia de bienes a la Contraloría General de la República, a pesar de la certeza de que el citado ciudadano ha procedido a la rectificación de sus anteriores declaraciones juradas, luego de la publicación de casos internacionales que lo vinculan como titular de cuentas en el exterior.

Llegado a este punto, la plenaria decidió, una vez más, declarar un cuarto intermedio hasta el día de mañana, a las 14:00, para continuar el estudio del libelo acusatorio.