Senado posterga análisis de ley de “puertas giratorias”

La Cámara de Senadores decidió postergar una vez más el proyecto de ley que sanciona y previene el conflicto de intereses en la función pública, más conocido como “puertas giratorias”.

En la sesión ordinaria de jueves, la Cámara Alta postergó por ocho días el proyecto de ley que establece prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos y previene el conflicto de intereses en la función pública.

Si bien, el pleno del Senado se constituyó en comisión para consensuar entre las versiones del proyecto, finalmente —por pedido del senador Ramón Eusebio Alvarenga— se decidió postergar nuevamente su estudio con el fin de afinar y delimitar los alcances de la normativa. El estudio del proyecto viene dilatándose desde hace un tiempo.

El polémico proyecto fue presentado por el senador Derlis Osorio, pero desde el Partido Patria Querida se presentó otra versión, que finalmente fue unificada por una mesa técnica, la cual fue punto de debate durante la sesión ordinaria de este jueves.

El documento tiene por objeto prevenir el conflicto de intereses, imponiendo restricciones, durante un periodo de un año, a las actividades profesionales de aquellas personas que ocupen alto cargos, sobre todo de supervisión y control, sean contratadas en el sector privado, previniendo el conflicto de intereses tanto en su ingreso a la función pública o su egreso.

Debate

El proyectista Derlis Osorio argumentó que el mecanismo de las puertas giratorias afecta el libre mercado y que existen muchísimos casos que se pueden mencionar, donde se dieron estos conflictos tanto a nivel nacional e internacional, por lo que esta cuestión está regulada en varios países.

La senadora del PPQ, Georgia Arrúa, señaló que la normativa no implica persecución a ninguna facción política y más bien “busca proteger la libre competencia y evitar los privilegios y limitar que se falte a la confidencialidad”.

Sostuvo que se establece un plazo, porque las políticas públicas varían y tienen plazos que, una vez culminados, ya no existiría un conflicto de interés. Añadió que tampoco se pretende prohibir el trabajo, porque se limita solamente al área de acción en la que el funcionario trabajaba en la función pública.