Política
Gafilat condena ataques a investigadores de lavado
Fiscal Marcelo Pecci, asesinado por sicarios en Colombia durante su luna de miel. Foto: Gentileza.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica –Gafilat– condenó enérgicamente los recientes actos de violencia acontecidos en países de nuestra región, en contra de funcionarios públicos por el solo hecho de realizar su trabajo con dedicación, responsabilidad y atendiendo a las facultades que les son otorgadas para combatir al crimen organizado.
Vale recordar que Paraguay está bajo la lupa de la organización actualmente y que este mes debe presentar un informe sobre lavado de activos en nuestro país. Paraguay podría entrar en la “lista gris” de países lavadores de dinero.
Parte del comunicado menciona que el Gafilat se solidariza con las familias y con los Estados involucrados y repudia cualquier tipo de acto violento que ponga en riesgo la vida y la integridad de los funcionarios que trabajan para poder tener un mejor país.
“Este tipo de actos apuntan a intimidar a las instituciones para mermar el trabajo que realiza el Estado en garantizar la seguridad pública y la seguridad de nuestras naciones. Por lo anterior, el Gafilat exhorta a las autoridades de sus países miembros a afrontar con resiliencia y tenacidad este tipo de flagelos, fortaleciendo las instituciones que velan por el bienestar de nuestros pueblos”.
Continúa diciendo que “hechos como los acaecidos obligan a reafirmar nuestro compromiso para continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación y crear condiciones favorables que faciliten y garanticen una mejor efectividad de nuestros sistemas de prevención y combate al LA/FT en todas sus formas y manifestaciones, con estricto apego al derecho internacional y los estándares internacionales en la materia”.
“El Gafilat reconoce y se suma a la firmeza y determinación de los distintos Estados miembro en la creación de políticas públicas dirigidas a debilitar los pilares económicos y financieros del crimen organizado a fin de coadyuvar en el mantenimiento del Estado de derecho en bienestar de la población”, concluye.
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