Abdo, con cuenta regresiva para decidir sobre “olvidos” en las DDJJ

El Congreso Nacional finalmente remitió este martes, tras varias semanas de demora, al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que despenaliza los “olvidos” por parte de los funcionarios públicos en sus respectivas declaraciones juradas de bienes (DDJJ).

La polémica propuesta, desde su creación en el seno de la bancada cartista de la Cámara Baja hasta su sanción, arrastró numerosas críticas por significar un camino más hacia la impunidad de casos de autoridades vinculadas a hechos de corrupción. Ahora, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene en su poder la decisión de promulgar o vetar la normativa.

Desde este miércoles corre el plazo de seis días hábiles, a modo de que el equipo de asesores legales y políticos de la Presidencia de la República, elabore los dictámenes correspondientes, que finalmente servirán al mandatario para decidir sobre la cuestión.

El pasado 21 de abril, el pleno de la Cámara de Senadores no logró reunir los 23 votos mínimos que se necesitaban para dar marcha atrás al proyecto de ley que permite la despenalización de los “olvidos” de las autoridades nacionales, en sus respectivas declaraciones juradas de bienes y patrimonios.

Con esta decisión, se suprime la obligación legal de la Contraloría General de la República (CGR) de informar al Ministerio Público el ocultamiento de los bienes por parte de funcionarios públicos, como un supuesto hecho punible.

El polémico proyecto de ley nació en la bancada del movimiento Honor Colorado de la Cámara de Diputados, donde los legisladores introdujeron la figura de la despenalización, propuesta que recibió el apoyo de prácticamente todo el sector de los colorados y de otros partidos políticos.

Asimismo, recibió una avalancha de críticas y generó indignación en la opinión pública nacional, por tratarse de un nuevo gesto del cartismo para contribuir con la situación de impunidad en los innumerables hechos de corrupción que salpican a los miembros de esta fila política.

Congreso vota por la impunidad y legaliza ocultamiento de bienes – https://t.co/8uhFPPEFAj pic.twitter.com/bgBIi1jYXq

— El Nacional (@elnacionalpy) May 13, 2022

Los “olvidos” del cartismo

El que encabezó este movimiento ya semanas atrás fue el cuestionado diputado Basilio “Bachi” Núñez, quien anunció en su momento que la bancada de HC se ratificaría en la postura de despenalizar la declaración falsa, al señalar que hasta la fecha más de 1.500 funcionarios ya han procedido a la rectificación de sus declaraciones. En ese sentido, alegó que solo los colorados cartistas fueron expuestos en medios de comunicación por haberlo hecho.

Bachi Núñez realizó una modificación a su Declaración Jurada de Bienes en el 2020 y aseguró poseer un crédito “a largo plazo con la Cooperativa San Cristóbal”, de G. 1.073.400.000. Llamativamente el crédito nunca se pagó y en la rectificación el diputado reconoció que ya era del 2018.

Además de Bachi, lo mismo ocurre con Horacio Cartes, quien también habría ocultado en sus DDJJ a una empresa offshore de Panamá y que posteriormente quiso emendar rectificando su declaración jurada.