“Energía para el pueblo”: proyecto de ley establece nueva tarifa social de la ANDE

Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Energía para el pueblo”, que establece un régimen de tarifa social de suministro de energía eléctrica diferenciado para distintas categorías de usuarios. Según el documento, serán beneficiados con precios diferenciados de energía, clientes que acrediten condiciones socioeconómicas de vulnerables y muy vulnerables.

Así también recibirán subsidios programas de protección social para núcleos familiares en situación de pobreza y programas de promoción social, destinado a aquellos núcleos familiares donde el uso de la energía eléctrica redunda en oportunidades para la generación de recursos económicos que le permitan salir de la situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, establece que el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar la inclusión a algunas de las categorías de vulnerables, a los excombatientes de la Guerra del Chaco y a los beneficiarios de la ley que establece la pensión alimentaria para adultos mayores.

De la misma manera se establece que sean tratados los ciudadanos con discapacidad severa en situación de vulnerabilidad, certificados por la SENADIS y el Ministerio de Desarrollo Social.

Tarifa social comunitaria

El proyecto contempla, igualmente, la “tarifa social comunitaria”, que es definida como una alternativa para comunidades indígenas, territorios sociales y territorios de interés social, pudiendo adecuarse también a esta alternativa, mercados municipales o micro empresas comunitarias, a propuesta de las gobernaciones, municipalidades o de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, que serán los benefactores de estas comunidades.

Se determina que el subsidio de la tarifa social comunitaria será del 40 % de la tarifa en Baja Tensión, correspondiente al grupo de consumo Otros (410, del pliego tarifario vigente, o aquel que lo sustituya)

Se estipula, por otro lado, una rebaja del 50 % para las juntas de saneamiento reconocidas por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), como así también la condonación de sus respectivas deudas por única vez.

Los leprocomios, guarderías y asilos de ancianos, administrados por organizaciones sin fines de lucros, tendrán un subsidio de hasta el 90 % de su consumo.
Se autoriza, por única vez, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a fraccionar cualquier cuenta existente a usuarios, hasta 48 meses sin intereses ni recargos moratorios.

Diputado anuncia proyecto para bajar tarifa de la Ande – https://t.co/1DEwg0GWPx pic.twitter.com/VNrL4P142X

— El Nacional (@elnacionalpy) April 9, 2022

Subsidios

Para la categoría “Vulnerable” (Programa de Protección Social), el subsidio es del 75 % para usuarios de hasta 200 kilovatios hora de consumo mensual; y del 30 % para consumidores de entre 201 y 400 kilovatios hora.

Para la categoría “Muy Vulnerable” (Programa de Protección Social), el subsidio es del 90 % para usuarios de hasta 300 kilovatios hora de consumo mensual; y del 50 % para consumidores de entre 301 y 600 kilovatios hora.

Para la categoría “Vulnerable” (Programa de Promoción Social), el subsidio es del 75 % para usuarios de hasta 300 kilovatios hora de consumo mensual; y del 3 0% para consumidores de entre 301 y 600 kilovatios hora.

Para la categoría “Muy Vulnerable” (Programa de Promoción Social), el subsidio es del 90 % para usuarios de hasta 400 kilovatios hora de consumo mensual; y del 50 % para consumidores de entre 401 y 800 kilovatios hora.

Se establece, para todas las categorías, que el consumo adicional registrado por encima de los bloques indicados, estará sujeto a la tarifa residencial normal.

Financiamiento

En el Art. 6° se establece que el subsidio resultante de la aplicación de la presente tarifa social, serán descontados, previamente y sin más trámites, de la transferencia mensual que, regularmente, realiza la Administración Nacional de Electricidad, u otras prestadoras del servicio, al Estado, en concepto de IVA, Impuesto a la Renta, aportes intergubernamentales, según necesidad.

El Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, serán los encargados de definir los beneficiarios de la tarifa social, mediante la emisión de un certificado de la condición de vulnerabilidad, basado en criterios técnicos a ser establecidos en una reglamentación a ser realizada conjuntamente por ambos ministerios.

La propuesta está firmada por los diputados Erico Galeano, Basilio Núñez, Raúl Latorre, David Rivas, Pedro Alliana, Edgar Ortiz, Justo Zacarías Irún, Miguel Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Cristina Villalba y Rocío Abed.