Otorgan medidas alternativas a Durand y debe pagar fianza de G. 1.200 millones

Dany Durand fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión, en el proceso que enfrenta por presunta declaración falsa en sus declaraciones juradas. Al respecto, Durand señaló en comunicación con los medios que se encuentra seguro de que saldrá limpio de toda esta situación.

Cynthia Lovera, la jueza de garantías, dictó medidas alternativas a la prisión para el exministro. La misma le estableció que cumpla con el pago de G. 1.200 millones en un plazo de 20 días hábiles para presentar ante el Juzgado un informe de la situación de dominio de la propiedad.

En caso de que la imposición no sea cumplida, se revocarán las medidas y se ordenará prisión preventiva para Durand. El exministro tiene también prohibido cambiar de domicilio, cambiar su número de celular, salir del país sin autorización judicial y la obligación de comparecer a los llamados del Juzgado de Garantías a cargo de la causa.

Durand declaró ante la prensa que confía en que más temprano que tarde se podrá aclarar su situación. “Debo aclarar una vez más que la imputación es sobre una declaración jurada del 2018 y todo ha sido rectificado a la salida de mi cargo en el 2020. Yo creo que en el proceso se va a aclarar todo”, expresó.

Propiedad en Ypacaraí

El político está imputado por declaración falsa, que prevé hasta 5 años de cárcel. Unas de las cuestiones que se toman en cuenta para imputarlo tiene que ver con un inmueble en la ciudad de Ypacaraí, ya que el mismo había declarado la adquisición del mismo ya en el año 1994. Pero la propiedad está identificada dentro del inventario de bienes, como activo del juicio de Mocipar Propiedades S.A., que fue declarada en quiebra.

Durand habría anexado una copia autenticada por escribanía de un contrato privado donde se señala la compra venta del inmueble, sin certificación de firmas, que data del 6 de abril del 2018, por valor de G. 1.030 millones, dinero que se abonaría de forma mensual y el pago finalizaría en el 2019. El tema es que la Fiscalía descubre de esta forma que la supuesta compraventa no se habría realizado en el año 1994, sino en el año 2018.