A 29 años del hallazgo del “Archivo del terror”

El 22 de diciembre de 1992, en el marco de un juicio de habeas data, se realizó el allanamiento por orden judicial de dicha dependencia policial. El peticionante del habeas data y el juez José Agustín Fernández se constituyeron en el lugar, encontrando documentaciones que datan de 1927 a 1989.

Ante la magnitud y el volumen de la documentación hallada, el juez Fernández requirió la presencia del juez de turno, Luis María Benítez Riera, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 2.º Turno, quien acudió al lugar del hallazgo a efectos de coadyuvar en la tarea encabezada por el juez Fernández. Luego de una revisión superficial de los documentos, se ordenó el traslado de estos al Palacio de Justicia, y así, luego de diez horas de ardua e intensa labor, se llevaron al despacho del juez Fernández, donde se inició la clasificación primaria de los mismos.

El Ministerio de Justicia es el ente encargado de coordinar, articular, formular y ejecutar todas aquellas acciones que posibiliten dotar de institucionalidad permanente a la promoción, defensa y realización de los derechos humanos a través del compromiso de las autoridades, otros funcionarios públicos y de las organizaciones no gubernamentales.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, y el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, visitaron el Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos en Paraguay, en ocasión del 29.° aniversario del hallazgo del “Archivo del terror”. Ambas autoridades ratificaron el compromiso del Estado paraguayo de velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Los ministros realizaron un recorrido guiado por el museo, que se encuentra donde anteriormente funcionaba el Departamento de Producciones de la Policía, dependencia amparada y asesorada en el marco de la “doctrina de la seguridad nacional y de la Operación Cóndor”. Durante la visita, una guía detalló los pormenores de la dependencia, cómo se realizaban los interrogatorios y luego indicó el lugar de apresamiento de los detenidos.

Entre las principales áreas trabajadas se encuentran:

1. La coordinación de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, organismo que promueve la institucionalidad permanente y sostenible de los Derechos Humanos en todo el país, mediante la formulación y articulación de políticas, planes y programas provenientes de este poder del Estado. En tal sentido, el MJT encara una serie de acciones para el fortalecimiento de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los compromisos asumidos en la materia. Una de sus principales metas es la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos y la prosecución del proceso de elaboración de los Indicadores en Derechos Humanos.

2. La construcción de Indicadores de Derechos Humanos, es decir, un sistema metodológico de medición absolutamente necesario para evaluar la implementación de los esfuerzos nacionales en la materia, con base en información que permita valorar y medir el progreso, el impacto y los resultados específicos de las acciones adoptadas y las políticas implementadas.

3. El seguimiento de las recomendaciones y sentencias internacionales a través de la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Sentencias y Recomendaciones Internacionales (CICSI), la cual es coordinada por el MJT y presidida por la Vicepresidencia de la República.

4. La coordinación de tareas con el Equipo Nacional para la investigación, búsqueda e identificación plena de personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, durante el periodo 1954-1989-(ENABI), conformado por distintas instituciones.

5. El monitoreo del Sistema Penitenciario Nacional, realizado a través de visitas de prevención y seguimiento con carácter temático o integral que consisten en asistencia periódica a los centros de privación de libertad dependientes del Ministerio de Justicia y Trabajo, entrevistas con los/as detenidos/as y los/as responsables de dichos centros, análisis y orientación de las denuncias formuladas por detenidos/as y/o familiares, redacción de notas, informes y recomendaciones vinculados a las condiciones de privación de libertad, entre otras.