Política

Diputados urgen reglamentar ley que reconoce Lengua de Señas de nuestro país

25 de septiembre de 2021 - 06:45

Las sesiones en la Cámara Baja no se pudieron realizar por falta de cuórun.. Foto: Diputados.

Tras una solicitud de los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y Erico Galeano (ANR-Central), la Cámara Baja aprobó un proyecto de declaración, por el cual se insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mediante su Secretaría de Políticas Lingüísticas, a la reglamentación de la Ley N° 6.530, promulgada en el año 2020, “Que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya (LSPy)”.

Esta normativa, que aún carece de reglamentación para su correcta aplicación, tiene por objeto otorgar reconocimiento oficial a la Lengua de Señas como lenguaje de comunicación; instrucción; promoción de la identidad, la cultura y los derechos de las personas con discapacidad auditiva del Paraguay, para lograr una participación plena y efectiva en la sociedad.

La ley también establece que el Estado paraguayo, a través de las instancias competentes, regulará en las instituciones de formación y capacitación, la promoción de actividades de enseñanza, difusión e investigación de la LSPy, para facilitar su aprendizaje y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad auditiva.

Vale recordar que la Ley 6.530 fue una iniciativa de los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná); Carlos María López (PLRA-Cordillera); y del ex legislador Carlos Portillo (PLRA).

Pedidos de informes

Paralelamente, los diputados Abed y Galeano, promovieron la aprobación de unos pedidos de informes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), sobre la aplicación de la Ley N° 4.336.

Corresponde señalar que dicha normativa es la “Que establece la obligatoriedad del lenguaje de señas en los informativos o noticieros de los medios de comunicación audiovisuales”.

Ambas instituciones tienen un plazo de 15 días para responder los requerimientos.

Tanto el proyecto de declaración como los dos proyectos de resolución (pedidos de informes), tuvieron visto bueno del plenario de la Cámara Baja, en la reciente sesión ordinaria, sobre tablas.