Sin reformas, mantener función pública es insostenible

Para que los servicios públicos sean de buena calidad se necesitan funcionarios competentes. Para ello no solo es importante contar con regulaciones estrictas sino también con un sistema de buenas prácticas que garantice la aplicabilidad de una carrera civil dentro del Estado, dentro de la cual debe primar la meritocracia y se reduzca cada vez más el padrinazgo.

Este tema fue desarrollado por Desarrollo en Democracia (Dende) en el marco de la necesidad del planteamiento de una reforma de la “Ley de la Función Pública y del Servicio Civil”. Teniendo en cuenta la necesidad de lograr la eficiencia en el Estado es imprescindible regular las relaciones entre la Administración Pública y sus funcionarios y establecer las normas y procedimientos de la Carrera del Servicio Civil.

Expusieron sus experiencias y puntos de vistas al respecto el ex ministro de Hacienda, César Barreto; el senador y ex ministro de Educación, Enrique Riera; y la empresaria y especialista en recursos humanos, Patricia dos Santos, quienes además de coincidir en la necesidad de una reforma de la función pública hicieron un paralelismo entre el sector privado y público.

Es necesario contar con un Estado que invierta más y gaste menos, que brinde servicios públicos de calidad, para lo cual se necesitan funcionarios con mayor capacidad, eficiencia y formación, sostuvo Alberto Acosta Garbarino, titular de Dende, al tiempo de remarcar la enorme rigidez que tiene el empleo público, además de representar una enorme carga en el gasto público, consumiendo alrededor del 78% de los ingresos tributarios que pagan los contribuyentes.

Además, existe una marcada diferencia entre el empleo público y privado, la cual se potenció con la pandemia. “El sector privado sufrió los rigores de la pandemia, el desempleo, la reducción de ingresos, mientras el sector público siguió con estabilidad y los beneficios que siempre tuvieron”, puntualizó.

Institucionalzación

Institucionalizar y transparentar todos los concursos, eliminar la figura del contratado, establecer un plan de carrera con reglas claras y razonables, vinculada a una estructura orgánica, propuso por su parte César Barreto, quien habló de la necesidad introducir buenas prácticas organizacionales, mencionando que algunas instituciones estatales pudieron implementarla a lo largo de los años y dieron resultados positivos, como es el caso del Banco Central del Paraguay (BCP) y, en su momento, el Ministerio de Hacienda con el liderazgo del ex ministro Dionisio Borda que implementó un cambio drástico en la institución. En un 90% se institucionalizó el BCP, a criterio de Barreto, mientras que Hacienda alrededor del 60% al 70%.

Hizo hincapié en que se necesita contar con un régimen institucional que genere los incentivos adecuados para los funcionarios, con reglas transparentes para que los mismos puedan tener una perspectiva de desarrollo de su carrera sin tener que recurrir a padrinazgos. Porque si bien existen normativas y se realizan los concursos, el problema está en la ejecución de las mismas y en cómo se implementan.

Es muy importante encarar esta reforma porque el Estado tiene un problema de confianza, especialmente de los contribuyentes. Estamos llegando al límite en los cuales ya los recursos no alcanzan, tampoco vamos a poder seguir endeudándonos para poder seguir invirtiendo en infraestructura. Entonces, hay que ordenar esto que se desordenó por tanto tiempo, para que funcione mejor y que el Estado sea más competente y eficiente en los servicios que tiene que prestar a la ciudadanía”, acotó.

Por su parte, Patricia dos Santos, afirmó que el sector público es atractivo para los niveles bajos, porque no existe la presión que pone el cliente, se gana más al ingresar, se trabaja menos horas, existen más feriados y asuetos, los aumentos salariales se logran muchas veces por presiones, huelgas o momentos políticos.

En cambio, quienes tienen mayor ambición de crecimiento prefieren el sector privado, porque el aprendizaje y las exigencias son mayores. “Las personas que quieren hacer carrera en su vida profesional salen del sector público y se van al privado lo antes posible, porque piensan más en la empleabilidad y no tanto en la estabilidad como es en la función pública”, remarcó.

“El sector público es un poco la ley de la selva donde el que tiene más peso es el que mejor gana. Ni entremos a hablar de las binacionales”, señaló por su parte el senador Enrique Riera, al explicar que los mayores beneficios ante las exigencias menores son las razones por las cuales la gente quiere tanto un cargo público.

El marco normativo de la función pública actualmente se encuentra totalmente perforado y su cumplimiento es más bien optativo, lo que hace necesaria una reforma que establezca reglas más claras que eviten depender del contacto político con el que se pueda contar tanto para ocupar espacios como para ingresar a la función pública.

Decisión política

La responsabilidad seguirá estando en los decisores de la política pública, añadió Riera haciendo hincapié en llevar adelante este proceso de reforma a la luz de un debate con los sectores involucrados para encontrar un mínimo consenso.

“Hay que tratar el sector público desmontando algunas cuestiones: ¿Es grande o es chico? ¿Sobra o falta? ¿Falta donde se necesita o sobra donde no se necesita?… Hay muchos mitos que derribar. Es un sector bastante abandonado, que no se ha tratado con seriedad y que es cuestión de poner en vigencia la ley y ajustarla y modificarla a los tiempos que vivimos”, apuntó.

Finalmente, concluyeron en la necesidad de llevar adelante la reforma del servicio civil, reconociendo también que existen  islas de excelencia en la función pública, con estructuras que han mejorado bastante en las últimas décadas. Yan Speranza, quien fue el moderador cerró el debate indicando que muchas veces depende mucho del determinado liderazgo, por lo que es importante institucionalizar una nueva normativa con reglas de juego que ayude al efecto.