Informe sobre deuda de Itaipú fue centro de debate en Diputados

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, los diputados de diversos sectores aprovecharon el espacio de oradores para manifestar su parecer con respecto al informe de la Contraloría General de República, donde detalla que la Itaipú generó una “deuda ilegal” de USD 4.193 millones. Además, se abordaron temas como las jornadas de vacunación y penas carcelarias.

El diputado liberal Fernando Oreggioni, manifestó que esta es la primera vez que el órgano de control logra hacer un trabajo en Itaipú, lo que es importante con miras a las renegociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, previstas para el 2023.

Por otro lado, anunció la presentación de un documento que insta a la Fiscalía General del Estado, a investigar, en un tiempo perentorio, la situación de esta deuda. Esto con el fin de esclarecer lo más rápido posible sobre lo ocurrido y sentar una postura definida ante el Brasil.

A su vez, la diputada Celeste Amarilla del PLRA, dijo que el informe presentado da la razón a la oposición, sobre la supuesta usura que administraciones oficialistas realizaron en la empresa binacional.

Dijo que hubo una la violación de los artículos del tratado al aumentar la deuda. “Se violó este artículo cuando permitieron que Brasil pague USD 10 dólares por Kilowatt cuando debía pagar USD 17,10. Al hacer eso, Itaipú entró en un desfasaje financiero que lo obligó a tomar préstamos, ¿y quién prestó el dinero? fue Eletrobras, es decir, esta empresa es acreedor y deudor de la hidroeléctrica”, lamentó.

El diputado Edgar Acosta, aseguró que el informe de la Contraloría General de la República, se debe unir a las fuerzas políticas para que se convierta en la base de toda negociación con Brasil.

“Este informe es fundamental y el acompañamiento de la Cámara de Diputados es fundamental, para que tenga un impacto, no solo nacional, sino también internacional. Las traiciones a la patria se tienen que pagar”, expresó.

Discursos electoralistas

En contrapartida, el legislador colorado, Roberto González, pidió que se dejen de lado los “discursos electoralistas y de odio contra el gobierno”, y que, en vez de eso, se luche por construir una unidad nacional para la renegociación en puerta.

Dijo que si bien, la investigación inició en el Gobierno de Fernando Lugo, recién con esta administración fueron liberados todos los documentos para el informe final, por un contundente pedido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Por su parte, la legisladora Kattya González, pidió apoyar un proyecto de declaración que insta a la Fiscalía General del Estado, a abrir una investigación penal a las administraciones involucradas.

“Se deben tomar acciones de recupero del perjuicio económico sufrido por Paraguay en manos de Brasil. Se embolsaron cuatro mil millones de dólares que pertenecen al Estado paraguayo, y con esta convicción el Paraguay debe ir a negociar en el 2023. Brasil debe empezar a respetarnos como condómino y país soberano”, especificó.