Política

Ley de autoblindaje es inconstitucional, argumenta Rasmussen

21 de mayo de 2021 - 06:03

Cámara de Senadores.(Foto Senado).

El Congreso Nacional nuevamente sancionó un proyecto que busca blindar a legisladores que incurren en tráfico de influencias para no ser destituidos con la mayoría estipulada en la Constitución Nacional. Es la tercera vez en el presente periodo parlamentario que se intenta subir la cantidad de votos necesarios para expulsar a un congresista corrupto.

Además de la doble protección que se le intenta otorgar a los miembros de ambas Cámaras, esta propuesta resulta también inconstitucional, a criterio de algunos senadores de la oposición. En entrevista con El Nacional, el senador Stephan Rasmussen (Patria Querida) manifestó que en la propia Carta Magna se establece que la pérdida de investidura, al no tener reglamentación, debe ejecutarse directamente con la mayoría simple. Asimismo, consideró que la Constitución Nacional no puede modificarse a través de una Ley, así como pretenden con la iniciativa aprobada.

“Si uno lee la Constitución, se estableció que la pérdida de investidura será por inhabilidades, incompatibilidades o por tráfico de influencias. Se estableció esto último como una pena máxima para apartar a un legislador del cargo. Hay otras bancadas que dicen que hay que establecer un procedimiento y una mayoría. Pero el problema es que las mayorías ya están establecidas en la Constitución Nacional. Uno no puede cambiar la mayoría de votos por Ley, porque la Constitución establece que en caso de que no se tenga tipificada una mayoría calificada, la que rige es la simple, así como ocurre con el artículo 201 de la pérdida de investidura”, aseveró.

Doble blindaje

Por otra parte, consideró que con esta propuesta se establecerá un doble blindaje a los parlamentarios en el sentido de que se les otorgará 15 o 20 días para ejercer sus respectivas defensas tras el inicio de un juicio político. “Somos un órgano político, no jurisdiccional. Si le das mucho tiempo para defenderse a un político puede ser peligroso. En algunos de los casos que se llevaron adelante, algunos legisladores decidieron renunciar cuando ya sabían que había votos para su destitución. Si uno dilata el proceso, se blinda aun más porque se le da tiempo de negociar y conseguir acuerdos políticos para evitar su expulsión”, manifestó.

En ese contexto, mencionó Rasmussen que en todos los trámites de pérdida de investidura estaba más que comprobada la comisión del tráfico de influencias. “Ocurrió con Portillo. Después tenemos a Óscar Gonzáles Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Víctor Bogado como legislador pidiendo doble contratación en Itaipú, Eugenia Bajac que utilizó viáticos de la Cámara para un evento religioso y personal. También Gusinky, que consiguió vacuna en su condición de parlamentaria”, afirmó.

Por último, expresó que espera que el presidente Mario Abdo Benítez vete la Ley sancionada, recordando que ya lo hizo en el 2019 con una propuesta similar. “Espero que pase lo mismo, que Mario Abdo vete la Ley y que luego en el Senado no se tengan los 23 votos para rechazar el veto”, culminó.