Diputada critica plan para dejar cargos públicos como “herencia” de funcionarios fallecidos

El planteamiento “solidario” por parte de un grupo de diputados que pretende entregar cargos públicos como herencia a parientes de funcionarios fallecidos por Covid-19, fue blanco de críticas desde que se dio a conocer la iniciativa.

Los diputados Basilio “Bachi” Núñez y Julio Enrique Mineur proponen que el hijo/a o cónyuge del personal de blanco fallecido por complicaciones del virus sea asignado a un cargo de funcionario público con igual o similar salario que el difunto/a.

Varios fueron los cuestionamientos que giraron en torno a la propuesta. En primer lugar, hasta qué punto es viable un proyecto de ley de tal magnitud y por otra parte, si en verdad sería una solución para los niños y adolescentes huérfanos que ha dejado la pandemia. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta la cifra de menores que quedaron sin resguardo.

En conversación con El Nacional, la diputada Kattya González sostiene que, si en verdad se quiere dar una solución a niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad que quedan huérfanos durante esta pandemia, considera que se debería de abordar el tema pero desde otra perspectiva. Además, mencionó que el proyecto presentado por sus colegas es inconstitucional.

A su parecer, lo ideal sería la creación de un fondo para poder acompañar todo lo que significa el crecimiento, la educación, vestimenta y salud de ese menor que quedo en estado de orfandad.

“En principio, la lógica con el cual se plantea el proyecto de heredar el cargo público de una persona es abiertamente inconstitucional teniendo en cuenta que nuestra Constitución Nacional establece que el acceso a un cargo estatal es por selección y se da a través del concurso público de oposición donde se mide la idoneidad de la persona al cargo que está digamos vacante dentro de la función pública, eso sería un primer impedimento”, indicó la legisladora.

En ese contexto, apunta en que se debería de reformular la propuesta, atendiendo que en verdad existen casos de personas que fallecen y dejan hijos pequeños o incluso familias enteras desamparadas, que quedan sin el ingreso económico de quien murió por complicaciones del Covid-19. “Ese es un  punto importante a ser estudiado”.

Explicó que desde el frente parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia han articulado algunas acciones con los ministerios de la Niñez y Salud solicitando justamente la desagregación de datos. Es decir, que una persona que ingrese al servicio público de salud o privado se pueda determinar si tiene hijos menores a su cargo y que eso vaya incluido dentro de su ficha médica.

“Una vez determinado si esa persona fallece y deja niños menores en estado de vulnerabilidad lo que se podría eventualmente hacer es crear un fondo para poder acompañar y que ese menor que quedo desamparado no caiga en un estado de abandono. Pero no con la lógica que se plantea en el proyecto”, concluyó.

La semana pasada, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) se reunió con autoridades de Salud y de la Defensoría Pública con el propósito de coordinar un registro de niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad por la pandemia del covid-19.

El objetivo es que a partir del registro se proceda a verificar la situación de los menores afectados. La ministra Teresa Martínez había mencionado que “cada caso sería estudiado para dar la respuesta que el Estado pueda dar”.

El registro será para menores de edad hasta los 17 años, atendiendo que Minna cuenta con una experiencia similar para asistencia por orfandad en casos de femicidio.