Según abogado, jueza Irún se expone a multa de USD 30 millones

La jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tanía Irún podría ser multada con la suma de USD 30 millones de dólares por violar la ley N°2532/05 que establece la seguridad fronteriza de la república del Paraguay al ordenar entregar 310 mil hectáreas de tierras que se encuentran dentro de la seguridad fronteriza a empresas extranjeras que serían off shore.

Es en el referido juicio civil caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.

Por su parte el abogado Osvaldo Bittar representante legal de la Asociación Espíritu Santo explicó “Hemos realizado una pericia geo-referenciada sobre el total de las fincas que fueron transferidas por la magistrada Irún, el resultado arrojó que más del 95% de las fincas se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza, lo que nos lleva indudablemente a la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia, resolución recurrida, la cual se encuentra para estudio por el Tribunal de Apelación en lo Civil” manfiestó el citado profesional del derecho.

Acotó “en ese sentido, el Art. 8 de la Ley 2532/05 en su segundo párrafo es claro al estipular que la nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del monto de la operación que debe ser impuesta a la jueza Tania Irún, monto que podría rondar los 30 millones de dólares a ser impuestos a la misma”.

El artículo 8 de la ley de seguridad fronteriza señala claramente que “los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto a esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder a los jueces, funcionarios y a los notarios intervinientes”. Asimismo menciona la normativa legal que “la nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación”.

Enjuiciamiento a jueza

La jueza civil Tania Irún fue enjuiciada por supuesto mal desempeños en sus funciones por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas fronterizas a empresas extranjeras en Alto Paraguay Chaco. Asimismo soporta investigación del Ministerio Público por el supuesto hecho punible de prevaricato (desconocimiento de la ley) cuya fiscal es Natalia Fúster.