Diputados crearon un “blindaje a la impunidad”, considera Kattya González

La diputada Kattya González calificó como un desastre constitucional y un blindaje de impunidad lo aprobado el miércoles por la Cámara Baja, al aumentarse las mayorías necesarias para la pérdida de investidura de algún parlamentario sospechado de actos de corrupción. El proyecto volvió a la Cámara de Senadores para su estudio.

En entrevista con El Nacional, la parlamentaria recordó que en el 2019 ya remitieron una nota a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde sentaron su postura con respecto a la figura de pérdida de investidura. Por este motivo no coincidieron nuevamente ayer con la reglamentación que se trató.

González señaló que todas las constituciones del Paraguay contenían normas similares a la prevista en el artículo 201 de la Pérdida de Investidura de la CN de 1992 y aseveró que el motivo es simple: No existe impunidad para delinquir o deshonrar al cargo.

“Los actos reprochables, sean desde el punto de vista del derecho penal positivo o la ética cometidos por cualquier persona que desempeñe una función pública, son pasibles de sanciones por un principio básico en democracia que es la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos”, declaró la diputada, refiriéndose al artículo 106 de la Constitución Nacional.

Análisis de la normativa

Haciendo un análisis de la normativa constitucional, la congresista mencionó que la pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad política que acarrea como consecuencia la pérdida del mandato. Esta situación, para que sea efectiva, debe requerir de una mayoría simple, para iniciar y culminar el enjuiciamiento.

Añadió que no se necesita una ley reglamentaria, en atención a que la única restricción que posee cada Cámara al momento de abordar el juicio, es respetar el ejercicio del derecho a la defensa del acusado. Asimismo, remarcó que no se necesita de una condena judicial en el proceso, ya que se trata de un juicio político, motivo por el cual no se requiere de un pronunciamiento jurisdiccional.

“Es importante decir que el saneamiento de las instituciones públicas y, en nuestro caso, el Poder Legislativo, pasa por la promoción seria y permanente del Control Social, entendido como el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales, que pretenden promover y garantizar el sometimiento de los servidores públicos a los modelos y normas comunitarias. Devolver al estado su naturaleza pública y trabajar para recuperar las instituciones secuestradas por prácticas perversas es una obligación ética y moral”, culminó.