Empresas que hacen reguladas se vuelven a salvar

La Cámara de Diputados quedó sin quórum y no se llegó a tratar el punto 6 de la sesión extraordinaria. Se trata del proyecto de ley que dispone la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas que hacen reguladas, el cual ya cuenta con media sanción en el Senado.

Sobre el aplazamiento del tratamiento de la propuesta ya se venía anunciando desde el martes,  porque antes, legisladores decidieron reunirse con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens; y el viceministro de Transporte, Pedro Britos, a los efectos de discutir el referido documento. El encuentro está previsto para el martes 6 de abril, a las 11:00.

Por su parte, el diputado Sebastián García informó que no trataron el proyecto porque está pendiente lo que fue la actualización de la reunión que mantuvieron los miembros del Consejo de Billetaje Electrónico, donde se tenía que conversar sobre la tarifa técnica con variables que conforman el billetaje. Se trata sobre la medida que se tomará de subsidiar directamente a la tarjeta del usuario y ya no a la empresa de transporte.

“Se estaría cambiando el criterio de subsidio para hacerlo por servicio prestado. Sería como un incentivo para que las empresas del transporte público salgan a las calles, se pare con la regulada y regularicen el servicio”, dijo en declaraciones para AbcTV.

La propuesta 

La iniciativa plantea que la empresa que deje de prestar, unilateralmente, sus servicios acordados en la concesión, en forma regular, y no lo regularice en un periodo de 24 horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia e itinerario, de pleno derecho, el cual volverá a ser licitado.

La normativa también propone que la empresa que no cuente con buses con elevadores o rampas de acceso para personas con discapacidad física, cuanto menos, en un 50 % de su flota, no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado. El plazo prudencial para que las empresas se adecuen sería de 180 días.

En ese contexto, el proyecto establece que las empresas cuyas licencias e itinerarios sean cancelados, no podrán participar de nuevas licitaciones de itinerarios por un plazo de 10 años.