Ríos Ávalos: “Juicio político fue para renovar actores conforme a intereses de nuevos líderes”, rememoró exdiputado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició audiencia pública este lunes, en el marco de la denuncia realizada contra el Estado paraguayo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la destitución de los ex Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, vía del Juicio Político en el año 2003.

Se trata del segundo proceso al cual se enfrenta el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Recordemos que el primero fue el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí contra Paraguay.

El pasado lunes la Comisión presentó el caso y  fueron llamados a prestar declaración en primer lugar, el señor Bonifacio Ríos Ávalos. Del mismo modo, los testigos propuestos por su parte; Jesús María Fernández Villalba y Edmundo Rolón.

Por parte del Estado paraguayo, estuvieron el exsenador Marcelo Duarte Manzoni. En cuanto a los Peritos, a propuesta del Estado paraguayo se encuentra el abogado Jorge Alejandro Amaya, y propuesto por la Comisión, el Abogado José Ramón Cossío Díaz.

El exdiputado Edmundo Rolón Osnaghi brindó su testimonio en el contexto de los hechos de la época del juicio político tramitado contra las supuestas víctimas, los ex ministros Fernández Gadea y Ríos Ávalos. Rolón Osnaghi había sido electo diputado en el año 2003 cuando se dio el juicio político, posteriormente fue designado presidente de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

“El presupuesto por el cual se inicia el juicio fue presentado en Diputados por miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, específicamente por dos de ellos que habían tenido una activa participación: los diputados Sebastián Acha y Carlos Filizzola en la presentación de la denuncia y que posteriormente deberíamos de estudiar con ellos incluidos”, rememoró.

Siguiendo con su declaración, el exlegislador mencionó que tras recibir la denuncia contra los exmagistrados, posteriormente se decidió tener una reunión informal dado que no se tenía un reglamento para actuar conforme a una norma de casos previos. “Por lo que recuerdo, se corrió traslado a los entonces ministros de la Corte, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones en sus respectivas responsabilidades, como también previendo la gravedad de lo que significaría un juicio político a nada menos que 4 o 6 ministros de la máxima instancia judicial que tenga como presupuesto y sustento un acuerdo político que no era otra cosa que renovar actores conforme a los intereses de los nuevos líderes políticos del Paraguay”, sentenció.

Por su parte, la abogada y esposa de Bonifacio Ríos Ávalos, Sara Parquet sostiene que el Estado Paraguayo es responsable de violación del principio de independencia judicial. Agrega además que las supuestas víctimas fueron separadas de sus cargos por opiniones dispares en fallos judiciales de aquel entonces.

La decisión de Paraguay de litigar ante la Corte IDH responde a la negativa a aceptar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reponer o indemnizar a los ex ministros de la Corte Suprema Ríos Ávalos y, también, a otro miembro de la CSJ, Carlos Fernández Gadea, ya fallecido, en cuyo caso la recompensa económica sería para su familia.

Fernández Gadea se desempeñó como ministro de la Corte desde el año 1995 y Ríos Avalos a partir de 1999. Ambos fueron sometidos a un juicio político tras ser acusados por corrupción, mala administración de justicia y tráfico de influencias ante la Cámara de Diputados, el primero en la historia del Paraguay, el cual finalizó con una destitución impuesta por el Senado el 12 de diciembre del 2003.

El caso se relaciona con una serie de violaciones en el marco de los juicios políticos que culminaron con las destituciones de las presuntas víctimas, Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, de sus cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en 2003.

Alegatos de la CIDH

En su informe de fondo, la Corte IDH alega que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos, pues las normas procesales de juicio político fueron emitidas con posterioridad a la acusación contra las presuntas víctimas y mediante las cuales se prohibieron aspectos sustanciales como la posibilidad de recurrir al fallo de la Cámara de Senadores o presentar recusaciones contra el órgano disciplinario.

Por otra parte, la CIDH alude que el Estado violó el derecho a contar con un juez imparcial tomando en cuenta que el reglamento emitido no permitía las recusaciones contra el órgano disciplinario.

En este sentido, se argumenta que, posteriormente a la acusación de las presuntas víctimas, la Cámara de Senadores emitió la Resolución No. 222 la cual estableció el Reglamento para la Tramitación del Juicio Político, así como normas procesales para el juicio político que tuvieron un impacto sustantivo en el ejercicio del derecho de defensa y en otros aspectos relacionados con las garantías del debido proceso.

Ríos Ávalos y Fernández Gadea recurrieron a la CIDH al considerar que el Estado paraguayo había violado sus derechos de legítima defensa en el juicio político de 2003.

Recomendaciones no aceptadas

En setiembre del 2019 y luego de 16 años, la CIDH se pronunció al respecto y concluyó que se habían violado los derechos de los dos ex funcionarios, por lo que recomendó a Paraguay reincorporar a Ríos Ávalos e indemnizar a los familiares de Fernández Gadea.

El organismo también instó a Paraguay a modificar su normativa interna para que reglamente los procesos de destitución de estos altos cargos. Luego de conocerse la recomendación de la CIDH, la Cancillería presidida en ese entonces por el ex canciller Antonio Rivas resolvió no aceptarlas.