Comisionado de CIDH pide al gobierno investigar motín en Tacumbú

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Stuardo Ralón exhortó al gobierno de Mario Abdo Benítez a investigar las circunstancias que derivaron en el sangriento motín del 16 de febrero pasado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que se saldó con siete presos asesinados, tres de ellos decapitados.

Ralón, abogado constitucionalista guatemalteco y relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, pidiendo a las instituciones del Estado paraguayo que lleve adelante las pericias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

“Como relator de Personas Privadas de Libertad de la @CIDH condeno los graves hechos de violencia ocurridos en el penal de Tucumbú en Asunción, Paraguay. Exhorto al Estado de Paraguay a investigar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como a identificar y sancionar a los responsables”, tuiteó.

Como relator de Personas Privadas de Libertad de la @CIDH condeno los graves hechos de violencia ocurridos en el penal de Tucumbú en Asuncion, Paraguay. https://t.co/pr9rIAUhxH

— Stuardo Ralón (@StuardoRalon) February 27, 2021

El motín de mediados de febrero fue resultado de un plan de fuga traicionado, y del traslado del supuesto cabecilla, soldado del Clan Rotela, Orlando Efrén Benítez, a la Agrupación Especializada, que la Fiscalía y el Ministerio de Justicia creen que contaba con la complicidad del personal penitenciario.

En Tacumbú, es un secreto a voces que la mayoría de los guardias penitenciarios trabajan para el Clan Rotela, de Armando Javier Rotela, que junto a su primo Oscar Rotela, recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, son los reyes del microtráfico en el Bañado Sur. Antes, el rey era Jaime Andrés Franco, una especie de pequeño Jarvis Pavao, que como Rotela tenía montado todo un esquema de tráfico de drogas y sobornos que le permitía manejar la prisión.

Según testimonios recogidos por El Nacional en las horas posteriores a la masacre que se vivió en el penal, la íntima relación entre el personal penitenciario y el crimen organizado dentro la prisión comienza por lo general con favores de los reclusos poderosos a los guaridas: préstamos de dinero por cuestiones de salud de algún familiar, generalmente; al estilo de “yo te voy a ayudar con la internación de tu hijo, de tu mamá”, hasta que después el intercambio va subiendo de nivel. Es un esquema que se repite en casi todos los penales del país, y más en aquellos que alojan a integrantes de las bandas criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho, como Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo Pedro Juan Caballero, Concepción, Misiones.

Informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) contabilizan la población penal paraguaya en poco más de 15.000 reclusos. El 80% de ellos no tiene condena firme, y pueden pasar años encerrados hasta que la Justicia los declare culpables o los encuentre inocentes, como el caso de Ricardo Noguera, que estuvo más de un año preso, precisamente, en Tacumbú, y fue liberado en octubre del año pasado, luego que un tribunal lo encontrara inocente en un episodio de violencia sexual.