“Detención de Efraín Alegre demuestra en manos de quien está la justicia”, dijo legisladora

La diputada liberal Celeste Amarilla indicó que le parece una gran injusticia lo ocurrido con el líder del PLRA, Efraín Alegre, comenzando por la propia imputación “que posiblemente obedece para sacarlo del camino”.  “También nos demuestra en manos de quien está la fiscalía y la justicia. Este copamiento de HC ya tiene sus tentáculos en todos lados”, aseguró en comunicación con la 1020 AM.

En ese contexto, la legisladora resaltó que se trata de otro grave atentado a  la institucionalidad, a la República,  a la justicia y a los derechos, sea quien haya sido el sujeto. Alegó que no corresponde la prisión preventiva para su correligionario, tampoco el pago de la fianza teniendo en cuenta el delito que se le atribuye. “No cabe la prisión preventiva ni pagar la fianza por el tipo de delito”.

“La imputación luego ya está mal porque ni el candidato, ni el presidente del partido son los responsables de la administración del dinero utilizado en campaña.  Para eso la Justicia Electoral nombra a un administrador y vice administrador”, subrayó en defensa de Alegre.

Por otra parte, sostuvo que cada vez “corresponde más” un juicio político a la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez por lo que están haciendo con Alegre. Sin embargo, mencionó que no cuentan con votos en la Cámara Baja, alegando que allí “funciona una aplanadora”.

La jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera dispuso la prisión preventiva por incumplimiento de las medidas alternativas a la prisión al presidente del PLRA, Efraín Alegre.

Alegre está procesado por la supuesta producción de documentos no auténticos, en relación a una factura de rendición de cuentas de campaña en Alto Paraná presentada al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en una causa que Alegre consideró desde un principio armada en su contra por sus constantes ataques contra el expresidente Horacio Cartes, a quien considera el jefe del crimen organizado en el país.

Lovera ordenó la prisión de Alegre por el incumplimiento de las medidas alternativas que le impuso hace seis meses, entre ellas una fianza de G. 150 millones, en el marco de la causa por la supuesta adulteración de facturas de la campaña electoral de 2018, donde Alegre era candidato a Presidente de la República, y la vez ya ejercía la presidencia liberal.