Caso PDVSA: La interpelación a Villamayor y su proceso

La Real Academia Española, define la interpalación como “requerir, compeler o simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación”.

En este caso, tomaremos como ejemplo al jefe de Gabinete de Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien tendrá que hacer valer su responsabilidad política ante la Cámara de Diputados sobre el polémico y fallido acuerdo para cancelar la deuda de PETROPAR con la venezolana PDVSA, con una quita del 50% y el pago de una exorbitante comisión de U$S 26,9 millones a un abogado argentino de la petrolera venezolana, Sebastián Vidal.

En sesión extraordinaria del pasado 13 de enero, Cámara de Diputados decidió la realización de una sesión extraordinaria para tratar la interpelación del Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, conforme a una resolución emitida por la Comisión Permanente del Congreso “Que modifica y amplía la resolución N°18 de fecha 5 de enero del 2021, que convoca a sesión extraordinaria a la Cámara Baja”.

Por tanto, en uso de sus atribuciones, el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana convocó a sesión extraordinaria para mañana jueves, las 09:00, a fin de considerarse como único punto del día. Se precisa de la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del quórum requerido para llevarse a cabo la interpelación.

La Ley Nº 164/1993, que reglamenta el Articulo 193 de la Constitución Nacional, establece que cada Cámara, por mayoría absoluta, podrá citar e interpelar individualmente a los ministros y a otros altos funcionarios de la Administración Pública (…). En este caso, la Cámara Baja aprobó por amplia mayoría citar a Villamayor para su interpelación.

Como establece el Art. 4º de la nombrada Ley, el alto cuerpo legislativo invita al funcionario estatal. De no haber acuerdo sobre el día y hora, prevalecerá siempre el criterio de la Cámara interpelante. Tras ser citado, el titular de Diputados hacer llegar al nombrado funcionario el pliego de preguntas, con un mínimo de cinco días de anticipación a la fecha fijada para la interpelación.

Para el efecto, es obligatoria la concurrencia -en esta caso de Villamayor- , salvo causa justa, que será considerada por la respectiva Cámara. La interpelación se realizará siempre en una sesión extraordinaria y como único punto del Orden del Día.

En este contexto y conforme establece el marco jurídico, el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, deberá concurrir personalmente acompañado por sus asesores y presentar toda la documentación que estimare conveniente para explicar sobre el supuesto acuerdo secreto entre Petropar y PDVSA.

Asimismo, deberá responder de forma clara y concreta; primeramente las preguntas que le fueron notificadas con antelación a la interpelación, más las preguntas aclaratorias, y luego los congresistas podrán formular preguntas adicionales, vinculadas a las supuestas negociaciones en el cual se lo vincula.

El Presidente de la Cámara, Pedro Alliana ordenará el procedimiento a seguir y en el caso de que el mismo considere que una pregunta es impertinente o inconducente, dispondrá que no sea respondida.

Cuando se hayan agotado las preguntas, el Villamayor tendrá derecho a hacer todas las manifestaciones que consideré necesarias, por un plazo que no podrá exceder los treinta minutos. Terminada su exposición se dará por concluida la interpelación.

Moción de censura

En cuanto a la moción de censura para  Villamayor deberá ser presentada en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la interpelación, con la firma de un mínimo de un cuarto de los integrantes de la Cámara respectiva, la cual deberá tratarla dentro de los veinte días hábiles siguientes. Si no se presentase la moción de censura dentro del plazo establecido, se entenderá que ha quedado satisfecha la Cámara y dará por cerrado el caso.

El pedido de interpelación, impulsado por legisladores de la oposición y acompañado por la mayoría de las bancadas, se aprobó el 13 de enero, en una sesión donde los diputados rechazaron la convocatoria del titular de PETROPAR, Denis Lichi, uno de quienes estaban al tanto de la negociación secreta con PDVSA, y cuestionado también por otro affaire con características similares, que involucró a la empresa TEXOS OIL y le costó el cargo al procurador Sergio Coscia, donde la petrolera estatal iba a entregar U$S 7 millones para desactivar un juicio por una deuda de U$S 31 millones que supuestamente ya estaba perdido.