Senado aplaza por 8 días uso de videos como prueba ante casos de corrupción

El Senado aplazó por 8 días el Proyecto de Ley “Que establece la implementación de videocámaras corporales en los procedimientos realizados por funcionarios del estado (Anticoima)”.

Sergio Godoy, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que el proyecto busca que agentes sean munidos de video cámaras para diversos procedimientos y mayor transparencia de los procesos, con la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a las filmaciones.

“Este proyecto establece la obligatoriedad de utilizar cámaras en diversos tipos de procedimientos, investigación punible, sanciones administrativas, secuestro de bienes, la detención de personas. Se fija como autoridad de aplicación dos organismos del rol que les cumpla al ministro del interior y la secretaria de anticorrupción. Establece sanciones penales y administrativas. Presencia de hecho punible los intervinientes deben pasar informe al ministerio público. Modificamos el artículo 14 hablaba que el uso de la información no se previa puede ser de acceso ciudadano. Muchos de esta información no llegan por corrupción a ser investigados por organismos pertinentes. Ahora deberán ser de acceso libre”, expresó el senador cartista.

Gilberto Apuril, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y delitos conexos, consideró válido el proyecto que busca dar lucha contra el flagelo que hace tanto daño hace a la sociedad paraguaya.

“Ninguna de estas instituciones se ha opuesto a la vigencia de esta ley. Cada institución maneje la central de control y almacenamiento de la información. Se precautela los derechos de las personas para los procesos judiciales. 180 días las grabaciones deben ser guardadas”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Víctor Ríos, cuestionó que no se haya girado a su comisión ante la posibilidad de que existan derechos que puedan ser violados contras las personas.

“Imagínense que alguien haya sido filmado en un momento de corrupción sin que él mismo tenga algo que ver. Como se hace con el derecho de la intimidad. Existen aspectos de rango constitucional que no se han tenido en cuenta. Acompañó la normativa pero necesitamos evaluar algunas disposiciones constitucionales que debemos cuidar”, agregó.