Fallo de la Corte en caso de exsenadores podría colisionar con el Senado

La posibilidad de que el Senado no acate un hipotético fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la destitución, el año pasado, de los senadores Dionisio Amarilla y Víctor Bogado, quienes encaminaron acciones de inconstitucionalidad en sendos procesos que al parecer están llegando a un desenlace, pone a la Cámara Alta en una incómoda situación, que hasta podría abrir la puerta a un conflicto de poderes.

El viernes, la sala constitucional de la CSJ requirió oficialmente al Senado que argumente sobre la expulsión del colorado Víctor Bogado, repitiendo el procedimiento de noviembre cuando libró un oficio similar en el caso del liberal llanista Amarilla, ocasión en que el Senado contestó que actúo en uso de sus atribuciones constitucionales. Es muy probable que en este caso los parlamentarios repitan el alegato. De cualquier manera, tienen 18 días para responder a la CSJ.

La posibilidad de un conflicto de poderes parece lejana, sin embargo. Los analistas ven muy difícil un fallo de la Corte a favor de Amarilla y Bogado, dos políticos por demás muy desprestigiados, especialmente Bogado, que tras el escándalo por el caso conocido como la “niñera de oro”, se convirtió en una especie de ícono de la corrupción.Pero más allá de estas consideraciones, se imponen argumentos de base jurídica, relacionados con preceptos constitucionales que definen el funcionamiento y la competencia entre los distintos poderes del Estado.

“Creo que la Corte desestimará esas causas”, señaló a El Nacional el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia. “Esa ha sido la posición de siempre de la Corte, que esos temas no son justiciables”, argumentó.

Sobre la posibilidad de una colisión, Estigarribia prefirió no hacer especulaciones, y contestó con el artículo 3 de la Constitución de 1992, que reza: “El  pueblo  ejerce  el  Poder  Público  por  medio  del  sufragio.  El  gobierno  es  ejercido  por  los  poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley”.

La polémica

La polémica sobre un conflicto entre la Corte y el Senado se avivó con las declaraciones de algunos parlamentarios, como la colorada independiente Lilian Samaniego y el presidente del Congreso, el senador oficialista Oscar Salomón, quienes adelantaron que de haber un fallo judicial negativo se discutirá en la plenaria, donde se tomará una decisión.

Samaniego puso en duda un acatamiento automático del Senado a un fallo contrario de la CSJ. “La plenaria tomó su decisión en ese momento con los elementos que tenía y eso hay que respetar”, afirmó. No quiso opinar sobre la Corte, pero se ratificó en la potestad del Parlamento en los casos de pérdida de investidura de sus miembros.

“Si la Corte dice que obramos mal, nosotros vamos a debatir eso en su momento; por qué votamos de la forma que votamos, hubo una mayoría; tomamos la decisión con los elementos que teníamos”, señaló en relación con las sesiones donde se expulsó a Amarilla y Bogado.

-¿Las decisiones del congreso no son recurribles?, le preguntó un periodista a Salomón.  “Yo no dije eso, dije que ellos (Amarilla y Bogado) están en todo su derecho de recurrir; si ellos creen que fueron vulnerados; pero en caso que algún poder salga en contra va a depender del pleno (del Senado) el acatamiento o no de la decisión de la Corte”, contestó el parlamentario.

Salomón aclaró que su posición como titular de la Cámara lo obliga a someter el tema a la plenaria. “Cualquier decisión en contrario que salga de la Corte a lo que decidimos en ese momento (la destitución de Amarilla y Bogado), se debe poner a consideración del pleno de nuevo, porque somos poder también nosotros”, argumentó.