Congreso a punto de dejar medio ambiente sin ley de “deforestación cero”

Con la postergación ayer, sine die, sin límite, del tratamiento del proyecto que extiende la vigencia de la Ley de Deforestación Cero, que expira el 14 de diciembre próximo, el Congreso deja un peligroso vacío legal que amenaza la poca masa boscosa de la otrora frugal mata atlántica que sobrevive en el país.

El proyecto de ley “Que prorroga el artículo 4° de la Ley N° 6256/2018, que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental”,  de los diputados Pastor Soria y Celso Kennedy, figuraba en el tercer punto del orden del día, pero su tratamiento fue postergado a pedido del titular de la Cámara, el cartista Basilio Núñez, casi sin argumentos, e inexplicablemente votado por la mayoría.

La iniciativa venía girada de las Comisiones de Legislación y Codificación y de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y llegó a la sesión con la urgencia de la hora, atendiendo que se trata de las últimas sesiones del periodo parlamentario que se cierra el 21 de diciembre.

“Este es un proyecto que no puede quedar así, sin esa ley la gente va a comenzar a deforestar de manera inmediata”, se lamentó el diputado Pastor Soria, quien dijo anoche a El Nacional que todavía le costaba entender el voto de la mayoría de sus colegas por la postergación.

“La ley vence el 14, y si yo tengo un monte, el 15 puedo hacer la evaluación de impacto ambiental, demuestro que esa área es apta para agricultura y ganadería, y ni el MADES, ni el INFONA me pueden prohibir nada”, ilustró Soria.

Adelantó que están viendo con su colega Celso Kennedy la posibilidad de encaminar el proyecto por Senadores, pero reconoció que la cuestión tampoco estaba resultando sencilla.

Igual en Senado

En lo que hace al Senado, un destino similar tuvo el proyecto en el mismo sentido del liberal Enrique Salyn Buzarquis, para extender la vigencia de la Ley N° 6.256, no ya por tres años como propone el impulsado por Soria en Diputados, sino de manera indefinida.

La iniciativa de Salyn Buzarquis había sido incluso discutida por la Comisión Nacional de Recursos Naturales del Congreso (CONADERNA), que la socializó con representantes de diversas organizaciones ambientales, como la Asociación de Ongs del Paraguay, Red de organizaciones ambientalistas del Paraguay, Instituto de Derecho y Economía Ambiental, WWF, Sobrevivencia, Fundación Moisés Bertoni, Guyra Paraguay, A todo pulmón, Alter Vida, Federación por la autodeterminación de los pueblos indígenas, Procosara y WCS.

“Queremos consensuar para sacar la mejor legislación, es básicamente ampliar la ley que vence en diciembre, pero no ponerle plazo de vigencia, sino que sea de manera indefinida, porque el daño ambiental que tenemos ya es tremendo; no podemos levantar esta medida, hay que dar ciertas garantías de seguridad jurídica”, había dicho Buzarquis a este diario en ocasión de adelantar el inminente tratamiento de su proyecto. “El medio ambiente no debería ser una amenaza, sino una oportunidad para el país”, agregó.

Que el tratamiento de ambos proyectos que extienden la prohibición de desmontes en la Región Oriental, haya sido postergado, puede no ser casualidad y sí producto de la presión de sectores económicos ligados al agronegocio y la ganadería, por cuanto gremios de productores, como la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de Héctor Cristaldo, nunca se ahorraron críticas hacia la ley.

Cristaldo señaló en más de una ocasión que la legislación “no tiene base sostenible en lo ambiental, social, ni económico”, y que “es muy limitada la visión, porque se debe abordar desde estas tres perspectivas y con enfoque en el desarrollo sostenible”.

En las redes, las críticas a la postergación sine die que hizo hoy Diputados al tratamiento del proyecto de Soria y Kennedy, dispararon, primero contra el grueso de los parlamentarios por “privilegiar” la interpelación de la ministra de la Niñez, y “desproteger” la cuestión ambiental; y después contra el cartismo, enfrascado en las últimas semanas en un sordo enfrentamiento con el oficialismo y parte de la oposición en cuestiones relacionadas con reivindicaciones y políticas sociales.

Tema sensible

El tema es particularmente sensible, a partir de las mismas estadísticas oficiales que registran un ritmo de deforestación de 336.000 hectáreas anuales hasta la entrada en vigor de la ley, y por la aparente permeabilidad en el otorgamiento de licencias ambientales en el MADES, según denunció hace poco un documental inglés que recogió el testimonio de la bióloga Karen Colmán, exfuncionaria de la vieja Secretaría del Ambiente (SEAM).

Según el mismo Instituto Forestal Nacional (INFONA), Paraguay conserva menos de la mitad de la superficie boscosa que tenía en tiempos de la colonización. De 27 millones, hoy dispone de 12,9 millones de hectáreas de bosques. De 9 millones de hectáreas de bosques en la Región Oriental, actualmente quedan 1.900.000 hectáreas. En el Chaco, las estadísticas dicen que en los últimos 10 años la región ha perdido cerca de un millón de hectáreas.

“Nosotros buscamos que esta ley en la Región Oriental sea indefinida hasta que las condiciones de restauración y el cumplimiento de las demás leyes en materia de bosques se cumplan, como la aplicación de la ley de pagos por servicios ambientales”, señaló el director de Proyectos, de la organización ambientalista A Todo Pulmón, Paraguay Respira.

Turlan explicó que “los procesos de restauración y recomposición de estos ecosistemas toman mucho tiempo; no es que en unos años se restauran, y los números y estadísticas lo demuestran”. “Esta es una ley severa, pero necesaria”, afirmó.

La deforestación es también un problema en lo relacionado con la firma del esperado Acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea, que viene enfrentando el cambio de humor de varios países de Europa, como Francia y Alemania, por las políticas ambientales de los países sudamericanos, libradas al arbitrio de pactos políticos y decisiones como la de este miércoles en Diputados.

La llamada ley de “deforestación cero” prohíbe la realización de cualquier actividad, ya sea agropecuaria, industrial o que involucre territorio boscoso; el otorgamiento de licencias, permisos, declaraciones de impacto ambiental, o cualquier otro documento jurídico de naturaleza similar, y deja a los bosques afuera de la explotación forestal y de las tierras destinadas a la reforma agraria.