Duelo entre Abdo Benítez y Pereira reaviva debate sobre tierras de la dictadura

La arremetida del presidente Mario Abdo Benítez contra los sectores políticos y ciudadanos que piden aumentar la presión tributaria sobre el agro negocio, devino en un cruce de acusaciones con el senador luguista Sixto Pereira, que terminó poniendo sobre la mesa de nuevo el espinoso tema de las tierras malhabidas de la dictadura de Alfredo Stroessner.

El miércoles en San Pedro, donde inauguró mejoras en escuelas, una oficina del SENACSA y viviendas sociales, Abdo Benítez tachó de “haraganes” a los sectores de la oposición que reclaman se grave la exportación de granos, una medida resistida por los gremios que nuclean a los grandes productores sojeros.

“Los que más hablan de producción, de castigar a la producción, de la lucha de clases son los que menos trabajan; que nunca trabajaron en su vida, que no saben lo que significa pagar impuestos. Esos son los que piden más impuestos a la producción, más impuesto a la soja, porque ellos nunca trabajan. ¡Qué van a saber!”, disparó Abdo Benítez en un encendido discurso.

Al otro día, en el pleno del Senado, Pereira recogió el guante en nombre del Frente Guasú, y acusó al jefe de Estado de “atacar a los sectores populares” para defender a “sectores poderosos apoyando la grave injusticia tributaria, negándose a cobrar impuesto a los que más tienen y privilegiándolos”, mientras “hipoteca nuestro futuro con nuevos endeudamientos en vez de generar recursos genuinos cobrando impuestos al tabaco y la soja”.

“¡Que devuelvan las tierras que comieron!”, exigió el parlamentario, señalando a Abdo Benítez por el “fraudulento” origen de las tierras que heredó de su padre. “Para cuándo la recuperación de las tierras públicas, mal adjudicadas, y viene hablarnos de trabajo cuando ni equipo de conducción tiene, no tiene capacidad; sin ninguna gestión de Estado”, apuntó Pereira.

La de San Pedro no fue la única alusión de Abdo Benítez contra los parlamentarios luguistas y del resto del arco progresista del Senado. El jueves, en un acto similar en el Departamento de Paraguarí, el mandatario volvió a tratarlos de “mentirosos y populistas”, por promover la extensión de la exoneración de facturas de la ANDE a usuarios de los sectores bajos y medios golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

El último round

El último round, hasta ahora, del púgil cruce entre el parlamentario y el jefe de Estado, fue ayer; Abdo Benitez desde el Chaco, y Pereira desde Alto Paraná.

“No iba a decir, pero voy a decir, algunos me criticaron porque defendí la producción y dijeron de tierras malhabidas; a ese que me criticó le digo que si encuentra una hectárea de tierra malhabida que yo estoy utilizando, o que heredé, que le regalo para que reparta a los campesinos y que deje de incitar a la invasión de propiedad privada; porque la verdad siempre sale”, desafió Abdo Benítez.

“Por lo visto que el Presidente se olvida que es hijo del engendro de la dictadura, de su papá”, disparó Pereira en una extensa entrevista en radio Ñanduti, trayendo a colación el informe de 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por el Congreso durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos para investigar los crímenes del stronismo, donde se ubica al padre del mandatario, que fue secretario privado de Stroessner, como beneficiario de la reforma agraria con 1.135 hectáreas en el Departamento de Amambay, en 1973.

“Tiene que ser más objetivo como Presidente de la República, y tiene que ver cómo va a cooperar con el Congreso y el Poder Judicial para revisar y devolver toda esa tierra que se distribuyó de manera ilegal en la época de su padre”, argumentó el parlamentario.

Pereira adelantó que junto a otros senadores está llevando a cabo una investigación en Alto Paraná y otros departamentos del país para confirmar “fehacientemente” la situación de las tierras que pertenecen a la familia del jefe de Estado. “Cuando arrimemos todo la información no les quepa la menor duda a nadie que vamos a presentar públicamente esta información”, amenazó.

El informe

En 2008, la CVJ presentó su informe final, cuyo capítulo cuarto detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, adjudicadas ilegalmente durante la dictadura, y también después. El informe, que habla del reparto de tierras públicas entre 1954 y 2003, concluyó que el 32,7% de las mejores tierras del país fueron entregadas irregularmente a personas que no podían ser beneficiarias de la reforma agraria.

La Comisión informó haber encontrado “graves irregularidades que tornan nulas dichas adjudicaciones y cuya  nómina eleva a los poderes del Estado para que, por intermedio del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, se inicie la investigación que conduzca, de confirmarse las irregularidades denunciadas, a la recuperación de dichas tierras por el Estado paraguayo”.

La lista adjuntada incluía a políticos, militares, narcos, seccionales coloradas e incluso a autoridades nacionales actuales, como las familias de los senadores Enrique Bachetta y Fidel Zavala; el director de Itaipú Ernst Bergen, y su esposa, y del mismo Abdo Benítez.

El informe cita también al general Andrés Rodríguez, el primer Presidente de la vuelta a la democracia, consuegro de Stroessner y cabecilla del golpe que lo derrocó, con más de 24.000 hectáreas de tierras malhabidas en distintos puntos del país. Hasta el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza, asesinado durante su exilio en Paraguay en 1980, aparece también con unas 8.000 hectáreas. También, el excanciller Eladio Loizaga, con 16 mil hectáreas, y el asesinado vicepresidente Luis María Argaña, con más de 7 mil hectáreas.

Escasas acciones

Desde la presentación del informe hasta hoy, no hubo intentos decididos de revisar la situación de las tierras denunciadas por la CVJ, excepto durante el gobierno de Fernando Lugo, pero luego decayeron con las administraciones de Federico Franco, Horacio Cartes y Abdo Benítez.

En 2014, la misma Procuraduría General de la República advertía sobre la pérdida de unas 25 demandas por recuperación de tierras planteadas en gobiernos anteriores, con toda su carga multimillonaria de honorarios profesionales.

En enero de 2015, el responsable del SIRT (Sistema Integrado de Recursos de la Tierra) del Instituto Nacional de Desarrollo  Rural y de la Tierra (INDERT) y asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) Hugo Jiménez, quiso ponerle un punto final al tema, al señalar “que los lotes que ya tienen título definitivo, aún los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados. Si el beneficiario ya canceló la deuda con el INDERT y hay título finiquitado, con número de finca en el Registro de la Propiedad, ya no hay nada que hacer. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el Estatuto. Es injusto. Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda”.

En mayo del mismo año, el entonces presidente del INDERT Justo Pastor Cárdenas, anunció la conformación de un Consejo integrado junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría, para trabajar en la recuperación de las tierras mal adjudicadas, pero el tiempo mostró que en realidad las acciones estuvieron dirigidas a la recuperación de derecheras, de tierras adjudicadas legalmente a pequeños productores,  y transferidas ilegalmente a brasiguayos y empresarios; y no a las tierras del stronismo.

En setiembre siguiente, en una Audiencia Pública en la sala Bicameral del Congreso, de la que participaron referentes de organizaciones campesinas y sociales, y autoridades de instituciones públicas, el abogado Enzo Cristaldo, de la Procuraduría, informó que de las 32 demandas planteadas para recuperación de las tierras de la dictadura, sólo una tuvo sentencia judicial favorable, y no se trataba de un inmueble rural, sino donde se levanta la famosa mansión de Stroessner, sobre la avenida Santísima Trinidad, en Asunción.

Dice el abogado Abel Areco, investigador del centro de estudios de la realidad paraguaya BASE-IS, que “con solo  recuperar las tierras malhabidas existentes en poder de 15 beneficiarios ilegales, se tendría tierra para redistribuir a 7.000 familias campesinas”.