Diputados sanciona a favor de leyes anti delitos financieros

La normativa permite que la asistencia administrativa incluya el intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultáneas y participación en auditorías en el extranjero; asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares; y la notificación o traslado de documentos.

Según el Poder Ejecutivo, la adopción de esta convención repercutirá positivamente en la economía nacional, principalmente sobre los niveles de inversión, crecimiento e institucionalidad; además de ayudar a combatir la evasión y elusión fiscal.

Igualmente, contribuirá a cumplir con los principales estándares y buenas prácticas internacionales en la materia, impulsados por la OCDE, a través del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales (Foro Global).

De acuerdo con el documento, los impuestos cubiertos por la convención son todas las modalidades de pagos obligados al Gobierno, salvo los aranceles de aduana estipulados a nivel del Gobierno central.

La convención se aplica a los impuestos sobre la renta o utilidades, impuesto al valor agregado y al impuesto selectivo al consumo.

Asimismo, los derechos y las garantías previstos por la ley interna mantienen su aplicabilidad y la convención reconoce expresamente algunas limitaciones a la obligación de suministrar asistencia, además de contar con altos estándares de confidencialidad y protección de datos personales.

Paraguay tiene agendada su revisión del estándar Intercambio de Información a Pedido o Previa Solicitud (EOIR) para el primer trimestre del 2020, mientras que para el estándar de Intercambio Automático de Información (AEOI) se están haciendo los ajustes normativos y procedimentales internos, sin contar aún con una fecha definida.

El marco legal actual del país no permite el intercambio efectivo de información fiscal y solo se cuentan con dos mecanismos que permiten dicho intercambio y ninguno de estos cumple con el estándar internacional de la OCDE, lo cual podría llevar al país a recibir la calificación de “no conforme”, que a su vez podría ser un daño a la reputación de Paraguay en materia de transparencia fiscal, y repercutiría en el costo del financiamiento al país, considerando que varios organismos internacionales e inversionistas utilizan estas calificaciones a la hora de conceder financiación.

De igual manera, se pondría en riesgo el objetivo nacional de alcanzar grado de inversión para el Paraguay, con los respectivos efectos negativos en términos de atracción de Inversión Extranjera Directa. Asimismo, existe la posibilidad de que se elabore y haga pública una “lista negra de países no cooperantes”.

Estándares internacionales sobre transparencia

En cuanto al proyecto de ley que promueve la implementación de estándares internacionales sobre transparencia fiscal, se trata de la asistencia administrativa nacional e internacional, con el propósito de prevenir y combatir la evasión y la elusión fiscal, como también los flujos financieros ilícitos.

En él se establece la obligación a suministrar, a requerimiento de la Administración, la información tributaria relevante que tengan conocimiento las personas físicas, las personas jurídicas o estructuras jurídicas; las unidades económicas y los entes colectivos de derecho privado; las autoridades de todos los niveles de la organización política del Estado.

La autoridad de aplicación de la normativa, una vez que esta sea promulgada, es el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación.