Congreso de la Nación: 40% de castigo a los Pobres

La recién promulgada Ley 6575/2020 amplía el margen de preferencia para que un producto nacional cueste 40% más en las ventas públicas al Estado, lo que antes era solo hasta 20%(Ley 4558/2011); es decir, si el precio de un bien es de ₲ 1.000.000 el fabricante nacional puede venderlo a instituciones públicas en ₲ 1.400.000 sin competir contra productos extranjeros o importados de igual o mejor calidad.

Como antecedente, esta iniciativa parlamentaria fue vetada de manera correcta el 26 de julio por el Ejecutivo, pero la Cámara de Diputados haciendo caso omiso a los argumentos negativos y perjudiciales de esta reforma votó por levantar el veto presidencial aprobando el aumento de 40% de preferencia. Esto demuestra la nefasta injerencia de lobbies del sector privado en las decisiones económicas del Estado en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la gran mayoría.

En ese sentido, la Ley 6575/2020 constituye lo que se denomina una “ayuda estatal”, que a nivel mundial está regulada a través de las leyes de ‘Libre Competencia’, considerando que el apoyo o la preferencia artificial a determinadas empresas frente a otras infringe la concurrencia económica en el mercado porque rompe la igualdad. En este caso, el proteccionismo crea barreras de entrada, limita el progreso técnico o tecnológico, desincentiva la inversión -entre otros-; por ende, las pocas empresas beneficiadas no tienen incentivos de mejorar e innovar.

Cabe recordar que el control de las ayudas estatales no fue incluido en la Ley 4956/2013 de ‘Defensa de la Competencia’, ya que la FEPRINCO (Federación de la Producción, la Industria y el Comercio) se opuso a tal inclusión. Sí, aunque parezca mentira y un mal chiste, en Paraguay la norma que regula la conducta de las empresas fue redactada por los propios empresarios, demostrándose la abyecta y funesta intromisión de los lobbies del sector privado.

Por si fuera poco, ante este hecho inaudito, los abogados redactores de la FEPRINCO en esta normativa no se conformaron con escribir una norma incompleta y vaga, ya que según su justificación lo hicieron para que sea de fácil aplicación, pero no mencionaron que otro fin era dejar fuera cuestiones trascendentales para luego volver a asesorar y generar así nuevos honorarios constituyendo una grave falta de ética profesional.

Algunos gremios, durante más de 10 años,han hecho lobby para que no exista legislación de libre competencia. De modo que podían luego exigir la incorporación en la referida Ley 4956/2013 la denominada “Junta de Calificaciones”, ¿para qué? Simplemente para controlar el proceso de llamado a concurso público de las máximas autoridades de la CONACOM (Consejo Nacional de la Competencia).

Con esto, ningún candidato puede pasar el filtro sin que los representantes de la FEPRINCO den su aval. Así, deleznablemente, la FEPRINCO aprueba a quienes los van a fiscalizar y controlar. ¡Increíble e insólito! Allí está parte de la respuesta del porqué la CONACOM no funciona. Se hizo todo mal desde la génesis de la redacción de su ley, que no tuvo verdadero debate parlamentario, sino el sí fácil que pueden conseguir algunas empresas.

Aunque las ayudas públicas no estén contempladas en la ‘Ley de Defensa de la Competencia’, la CONACOM tiene la obligación de pronunciarse. Al pronunciarse, a petición del Congreso, cuando se trató la Ley 6575/2020,se ha afirmado que éste carece de eficiencia económica y atenta contra el interés general…,les hicieron caso omiso.

Una vez más el Congreso de la Nación, que dicen ser “representante del pueblo”, legisló a favor de un solo sector, por cuanto esta medida solo favorece a pocos grupos económicos en detrimento del interés económico general. Así consiguieron un 40% de sobrecoste que el Estado les pagará con el dinero del pueblo. Esta nueva ley solo agravará la ya instalada corrupción público-privada en las licitaciones públicas y que los precios suban en casi 50%.

El pueblo sigue sin tener ninguna forma constitucional de protegerse de “sus representantes”, que siguen sacando leyes contra los intereses del pueblo. En Paraguay el poder político responde al poder de los grupos económicos, que consiguen que de forma maquiavélica que se roben los recursos económicos de todos, con la excusa de la reactivación económica. Se hace así viva la expresión de un italiano que dijo: “en Paraguay no existen empresarios, sino empresaurios”.

DDWS