Tribunal especializado en delitos económicos juzgará a OGD y su hijo

El juez Humberto Otazú resolvió enviar el caso de enriquecimiento ilícito que involucra al exsenador colorado Oscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar González Chaves, al Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, quienes llevarán adelante el juicio oral.

Mientras esto ocurría, OGD enfrentaba hoy otra jornada del juicio oral y público que se le sigue por el caso de los audios filtrados, que fueron los que provocaron su destitución en 2018 y luego obligaron al oviedista Jorge Oviedo Matto a renunciar al Senado.

En la causa, aparte de OGD están procesados su excolega Oviedo Matto, el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann, y el abogado Carmelo Caballero.

El juicio oral se inició este martes, luego de tres intentos fallidos porque dos de los acusados habían dado positivo al test de coronavirus, por lo que la comparecencia frente al tribunal conformado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, debió postergarse en dos ocasiones.

En los inicios del juicio, el Ministerio Público solicitó al Tribunal excluir de las pruebas el audio contra los acusados, argumentando que la grabación fue la que disparó la investigación y permitió la recolección de importante evidencia para demostrar el tráfico de influencias y la asociación criminal de los imputados.

El objetivo de esto, explicó la fiscala Natalia Fuster, es evitar un incidente de nulidad por parte de la defensa de los encausados, ya que no puede asegurarse que la grabación haya sido obtenida de manera legal, y atendiendo a que el Ministerio Público avanzó sobradamente en la investigación.

Enriquecimiento

El exsenador está procesado además, junto a su hijo, por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, cargos por los que ya ambos guardaron reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía, hasta que la justicia revocó la prisión en junio pasado.

La investigación de este caso surgió de un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), de 2018, que reportó operaciones sospechosas de OGD y su hijo, que ponían en entredicho sus ingresos declarados.

Se trata de una investigación sobre las operaciones de la empresa Príncipe di Savoia SA, propiedad del ex parlamentario, quien junto a su hijo están acusados de ingresos ilegales de más de U$S 2 millones.

Según el Ministerio Público, la empresa sirvió de fachada a operaciones de lavado de dinero, con la compra y administración de cuantiosos inmuebles.