Destitución de Zacarías Irún en agenda del Senado

La destitución del senador cartista Javier Zacarías Irún, por uso indebido de influencias e incompatibilidad con el cargo, que impulsan Patria Querida y Hagamos, pone de nuevo al Senado en curso de colisión, cuando todavía arrecian las repercusiones del caso Friedmann, y la Cámara ensaya un nuevo y polémico proyecto de “autoblindaje”.

PQ quiere que el proyecto de pérdida de investidura de Zacarías sea tratado en el pleno a más tardar en 15 días. El mismo Stephan Rasmussen, vocero de la bancada, reconoció que es muy difícil que reúnan los 23 votos necesarios para apartar a su colega cartista del cargo sin todos los que votaron por la tregua a Friedmann, con base en argumentos jurídicos, en un caso que aparece ahora como un dejavu.

Rasmussen desmarcó el pedido contra Zacarías del de Friedmann, pese a que ambos parlamentarios están acusados de lo mismo, y enfrentan causas judiciales por delitos de corrupción. “Son casos totalmente independientes, una cosa no tiene nada que ver con la otra”, dijo Rasmussen, como pidiendo al cielo que no se repita la votación de la sesión extraordinaria del 17 de septiembre.

El proyecto fue ingresado el último jueves, un rato antes de la sesión ordinaria donde la patriaqueridista Nani Arrúa explicó que lo hicieron “con base a una serie de pruebas que se enmarcan en el artículo 201 de la Constitución Nacional, sobre uso indebido de influencias y de incompatibilidad con el cargo”.

Empresas familiares

El pedido derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación -EXP. N° S-209820 en el Sistema de Información Legislativa– , vincula al senador cartista con varias empresas, como Gestiones del Este S.A., donde aparece asociado a Femando Román Fernández; Itapema Constructora S.A., donde también es socio Justo Zacarías; “esta empresa tuvo un crecimiento sorprendente, arrancó con Gs. 1.000, al año duplicó a 3.000 millones, y luego a 6.000 millones”, reza el escrito; y lo involucra en la quiebra de Mocipar.

Dice que Itapema es propietaria del dúplex en que vive el Juez Penal de Garantías de Ciudad del Este, Marino Méndez, quien entendió en el amparo judicial que prohibió a los concejales tratar la renuncia de la ex intendenta Sandra Mc Leod, esposa de Zacarías Irún.

Cita el Informe de la Seprelad N° 56/2018 que “confirma” los lazos del senador cartista con estas empresas, con otras que eran adjudicadas con millonarias obras en la Municipalidad de Ciudad del Este y en la Gobernación del Alto Paraná, así como en otros municipios donde Zacarías Irún contara con aliados políticos.

Malas compañías

El proyecto contra ZI hace un recuento de episodios que supuestamente configuran la utilización de influencia indebida del parlamentario para granjearse beneficios y eludir la acción judicial que pesa sobre él y su familia.

El elemento de mayor peso, acaso son los tres audios de abril de 2019 de conversaciones suyas con Juan Domingo Sanabria, ex jefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad Del Este, que fueron grabados por el mismo Sanabria y agregados en la carpeta fiscal de la causa que investiga a los Zacarías.

En ese tiempo, el parlamentario atravesaba un vendaval político por las revelaciones sobre el desvío de unos Gs. 17.000 millones de la comuna de Ciudad del Este, para campañas políticas, posicionamiento, programas especiales bonificaciones o pagos extraoficiales a periodistas de diferentes medios; gastos y viáticos; todo a través de una “empresa ficticia” creada para tales fines.

En el primer audio, Zacarías Irún le dice a Sanabria que “fue alertado” de los allanamientos en la Municipalidad y otros lugares en el marco de la investigación judicial, “lo que demuestra –dice el escrito- el uso indebido de influencias en el Poder Judicial y el Ministerio Público”, máxime cuando una noche antes de aquellas diligencias judiciales, “llamativamente” se retiraron numerosos documentos de un edificio luego allanado por la Fiscalía.

En los restantes dos audios, ZI “ordena a Sanabria falsear y ocultar datos de sus empresas durante la investigación”, indicándole que “debe saber cómo responder” a los requerimientos que le hará la Justicia.

El proyecto de pérdida de investidura, agrega asimismo la declaración que hizo Sanabria a la Justicia, en la causa caratulada “Sandra Mc Leod de Zacarías y Otros S/Lesión de Confianza”, y expone el funcionamiento de una supuesta red de protección articulada por el parlamentario en la Fiscalía y el Poder Judicial.