La salud pública a un paso del mercantilismo
Salud pública, derecho constitucional para "todos por igual", según reza la CN, y donde el Estado garantiza el acceso equitativo, igualitario y eficiente sin distinción. O sea, SIN PRIVILEGIOS, entiéndase. Para ello, el Estado garantiza una parte del presupuesto anual a ser utilizado obligadamente en lo que considera el derecho a la salud y la vida. Existe una ley, 1032, que, a pesar de tener conflictos de interés, establece la organización de un SISTEMA DE SALUD en el cual participan todos los subsistemas: MSP, IPS, PREPAGAS, UNA, FFAA, POLICÍA Y otros.
Obliga a la prestación INTEGRAL de la salud (prevención, tratamiento, rehabilitación) por parte de los integrantes del sistema, ya sea directamente o por convenios o contratos inter o intrasectoriales. Es decir, todos deben prestar servicios de salud en un cien por ciento. Bajo estas consideraciones, ningún seguro privado debería ofrecer coberturas parciales, o hasta X monto o solo con tales profesionales, o aranceles parciales o preferenciales. Todo eso es una gran estafa y, para justificar tal fraude, ofrecen diferentes categorías de contratos. ¿Acaso el MS o IPS discriminan las ofertas de prestaciones de salud...? No, no lo hacen.
Dicho esto, el Estado está autorizado a excluir a las prepagas del SISTEMA DE SALUD u obligar a respetar la ley 1032. Hoy por hoy, la mafia más grande y grotesca del siglo XXI son los seguros privados.
No estoy en contra de los mercenarios de la salud, o sea, los seguros privados, porque en un sistema de libre mercado todos pueden competir; tampoco soy quién para juzgar la inmoralidad de lucrar con la salud (LUCRARE EX SANITATIS); eso es muy personal y tal vez otros no lo vean así. Mientras cada quien lo considere necesario y pague de su propio bolsillo, allá ellos. Destinar un monto de sus ganancias para "garantizar" un mejor acceso a la salud es razonable. Siempre y cuando no exijas a otro que lo haga. Las preferencias personales o la desconfianza hacia lo público son totalmente ciertas.
Ahora... el pecado moral, ético y financiero es cuando el mismo Estado privilegia a un sector de sus ciudadanos a un acceso diferenciado a la salud o como prestadores del mismo. Es decir, con el dinero de todos, el Estado premia a algunas minorías a contar con seguros privados mediante contratos colectivos y de corta duración. Lo mismo hacen las binacionales. Dan preferencia a corporaciones amigas a prestar servicios para unos pocos cuando la CN y la ley 1032 lo prohíben. Estamos entonces sometidos a un sistema de privilegios, prebendas y arbitrariedades promovidos y financiados por el mismo Estado. Un estado criminal, segregacionista e inmoral.
Lo público es público, de todos por igual. Lo privado es de pocos, de quienes quieran o puedan acceder por cuenta propia. Sin coaccionar las libertades ni la propiedad de otros. El derecho a la salud pública es universal en este país, mientras que el derecho a la salud privada es individual, no colectiva, ni promocionada por el Estado. La agenda de precarización de la salud pública, descrédito de los profesionales e inversiones insuficientes en tecnología y capital humano está creando una falsa necesidad de intervención digitada de ciertos grupos de poder dueños de farmacéuticas, hospitales privados, servicios de imágenes y radioterapia o simplemente empresarios preferenciales y proveedores del Estado o dueños de finanzas. Con la falacia de crear derechos donde hay necesidades, la salud pública va camino a la extinción y las corporaciones "amigas" verán su mayor florecimiento en un estado altamente corrupto como este.