OpiniónAnálisis
Cada primero de agosto se celebra en Paraguay el Día del Abogado. En referencia a esta conmemoración, queremos compartir la siguiente reflexión:
La justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar dando a cada uno lo que le corresponde. Proviene del latín iustitia, derivado a su vez de ius —derecho— y significa, en su acepción más precisa, "lo justo". El Diccionario de la lengua española le atribuye varias acepciones. La justicia nace de la necesidad de mantener la armonía y resolver los conflictos entre los integrantes de una sociedad. Es el conjunto de pautas y criterios que establece un marco para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo o permitiendo acciones específicas en su interacción. Es representada alegóricamente por la Dama de la Justicia, una mujer con los ojos vendados que sostiene una balanza en una mano y una espada en la otra.
La responsabilidad de los abogados y abogadas debe ser la lucha por la independencia del sistema de justicia. Actualmente, en Paraguay, el sistema de administración de justicia está sometido al poder político de turno, y su funcionamiento está condicionado a privilegiar a los poderosos, vulnerando gravemente los derechos del resto de la ciudadanía. La justicia es selectiva, y el poder del dinero tiene la capacidad de obtener resoluciones "a medida", generando sentencias injustas y arbitrarias.
Igualmente, el acceso a la magistratura está reservado para quienes tienen padrinos en el gobierno. Esto hace que dicho acceso dependa de la voluntad de someterse y degradar la propia dignidad a cambio de servicios y favores políticos.
Hoy en día, el proceso de selección de abogados y abogadas para integrar el Poder Judicial se inicia en el Consejo de la Magistratura (órgano encargado de conformar las ternas de candidatos a miembros del Poder Judicial). Una vez conformada la terna, es la Corte Suprema de Justicia la que nombra a los jueces, fiscales, defensores públicos y demás operadores del sistema judicial paraguayo. Posteriormente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tiene a su cargo el juzgamiento de la conducta de los magistrados.
Este jurado, sin embargo, se ha convertido en refugio de mediocres y serviles al poder político. Funciona como un bastón de amenaza para intimidar a los jueces que no se alinean con los intereses del gobierno de turno.
La administración de justicia se ha vuelto excluyente y mercantilista. El ejercicio de la abogacía está subordinado a los poderes fácticos, lo cual hace que el desempeño profesional de abogados y abogadas dependa directamente de sus contactos con actores políticos y otras fuerzas externas. Así, se degrada la profesión y la dignidad de quienes operan en el sistema judicial.
Creemos que ha llegado el momento de que la abogacía recupere su decencia, y que la libertad y la independencia vuelvan a marcar el rumbo de nuestra pervertida justicia paraguaya.
Estamos convencidos de que nuestro compromiso como abogados y abogadas es con la justicia y con la democracia. Nuestro apoyo, como servidores de la justicia, debe ser incondicional a la probidad y a la decencia. El servicio de administración de justicia debe brindar rapidez, eficiencia y equidad; pero, sobre todo, honestidad. Paraguay necesita jueces, juezas y fiscales con solvencia jurídica y moral, valientes e independientes, para que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema judicial.
Lamentablemente, la corrupción está generalizada en la administración pública y ha permeado toda la estructura del Poder Judicial y del Ministerio Público. Necesitamos erradicar la mafia y el crimen organizado dentro del sistema de justicia.
¿Cuál es el camino correcto?
Creemos que mientras los miembros del Congreso Nacional sean solventados con dinero sucio y mal habido, los representantes de ambas cámaras en el Consejo y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados seguirán sosteniendo un sistema de aprietes y extorsiones hacia jueces, fiscales y defensores públicos.
Es necesario señalar que desde hace mucho tiempo, el Consejo de la Magistratura —donde comienza la selección de postulantes para integrar el Poder Judicial y el Ministerio Público—, se ha convertido en la puerta de entrada del padrinazgo político. Los aspirantes deben buscar protección para calificar en los concursos; de lo contrario, no tienen ninguna posibilidad real. Los "protectores" son de diversa índole, incluidos narcopolíticos, lo que da lugar a la compra de voluntades y al sometimiento absoluto de los postulantes, quienes luego ejercerán sus funciones sin independencia.
La Corte Suprema de Justicia, entonces, designa a jueces, juezas y fiscales incapaces e insolventes jurídicamente, dependientes de los poderes fácticos que controlan el sistema judicial desde hace años, ante la pasividad contemplativa de la ciudadanía.
Los últimos hechos revelados a través de los chats del difunto "Lalo" confirman todo lo anteriormente expuesto.
Nuestra justicia está infectada de corrupción. Necesitamos un cambio estructural urgente que garantice igualdad de oportunidades para abogados y abogadas, profesionales sin mochilas de deudas políticas, hombres y mujeres valientes, comprometidos con el sistema republicano y democrático, que deseen transformar de verdad la organización judicial.
La estructura judicial requiere hombres y mujeres patriotas que lideren la transformación que nuestra sociedad necesita. Mientras se mantenga en los cargos judiciales a ignorantes y rufianes, el cambio será imposible.
Nuestra obligación como servidores de la justicia es levantar la voz y advertir a la comunidad jurídica y a toda la ciudadanía sobre el sometimiento del sistema judicial al poder político.
Entendemos que nuestra responsabilidad, como abogados y abogadas, es servir a la justicia y, a través de ella, a la libertad.
