La libertad de expresión y de prensa: pilares innegociables de la democracia paraguaya
La historia política del Paraguay está marcada por largos períodos de silencio impuesto durante el régimen autoritario de la dictadura stronista. Por ello, la promulgación de la Constitución Nacional de 1992 no fue solo un acto jurídico, sino también un pacto social destinado a garantizar que la palabra nunca más fuera motivo de persecución. En este marco, la libertad de expresión y la libertad de prensa se erigen no solo como derechos individuales, sino también como garantías constitucionales que permiten la existencia de una sociedad abierta y pluralista. El presente ensayo analiza cómo el blindaje constitucional paraguayo protege estos derechos y por qué su defensa resulta vital frente a las amenazas contemporáneas de censura indirecta.
La Convención Constituyente de 1992 fue enfática al establecer las reglas de juego para la comunicación en el país. El artículo 26 de la Constitución Nacional sienta la base fundamental: la libertad de expresión y de prensa son inviolables. Lo más relevante de este precepto es la prohibición taxativa de la censura previa. En una democracia, el Estado no tiene la facultad de revisar el pensamiento antes de ser emitido; la responsabilidad, en todo caso, es siempre ulterior y debe ser determinada por un juez cuando se lesionen derechos de terceros.
Seguidamente, el artículo 28 reconoce el derecho de la sociedad a recibir información "veraz, responsable y ecuánime". Este artículo es clave porque vincula la libertad de prensa con el derecho de la ciudadanía a estar informada. La prensa no es un fin en sí mismo, sino un medio para que el pueblo acceda a la realidad pública. Por su parte, el artículo 29 asegura la libertad del ejercicio periodístico y protege un elemento vital para la investigación: el secreto de las fuentes. Al garantizar que el periodista no sea obligado a revelar quién le proporcionó la información, la Constitución fortalece la fiscalización del poder.
El rol del periodismo como contrapoder
En Paraguay, la libertad de prensa actúa como el "perro guardián" de la República. En un sistema donde las instituciones a menudo enfrentan crisis de legitimidad, el periodismo de investigación ha sido, en numerosas ocasiones, el único mecanismo de control frente a la corrupción y al abuso de autoridad. Sin una prensa libre de presiones políticas y económicas, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas se convierten en metas inalcanzables. La prohibición constitucional de clausurar medios de comunicación o de confiscar sus instrumentos de trabajo constituye un muro de contención frente a cualquier intento autoritario de acallar voces disidentes.
Desafíos: entre la posverdad y la persecución judicial
A pesar de la solidez del texto constitucional, la libertad de expresión enfrenta peligros sutiles, pero devastadores. Hoy en día, la censura no siempre se manifiesta mediante el cierre de un periódico, sino a través de la instrumentalización del sistema judicial. El uso de querellas por difamación o calumnia como herramientas de amedrentamiento contra comunicadores y ciudadanos críticos representa una forma de "censura judicial" que erosiona el debate público. Asimismo, el fenómeno de las noticias falsas y la polarización digital ponen a prueba el concepto de "información responsable", exigiendo a los ciudadanos desarrollar un sentido crítico más agudo para distinguir la verdad del ruido mediático.
En última instancia, la libertad de expresión no es una concesión del poder, sino una conquista de la sociedad paraguaya sobre su propio silencio. Recordar que estos derechos fueron el resultado de largas décadas de autoritarismo es el primer paso para protegerlos. Solo mediante una prensa valiente y una ciudadanía que exija transparencia podremos asegurar que el "nunca más" a la opresión sea una realidad tangible y que la palabra continúe siendo el motor inagotable de nuestra construcción democrática.
Como recordatorio final de esta lucha constante, debemos considerar que la libertad de expresión es la base de todos los derechos; sin ella, no existe forma de reclamar los demás.