La cuarta ola está en marcha, Paraguay ¿espectador o actor?
Un hombre nacido en el mismo año que lo hizo Jesús en Nazareth, al iniciar el primer año de nuestra era, tenía más cosas en común con nuestros próceres de mayo de 1811 (diecinueve siglos después) que estos últimos con la generación actual. Durante muchos siglos, la forma de vida, los hábitos, los medios, las comunicaciones —y las mismas tradiciones— mantenían una existencia frugal. Por las noches se iluminaban con candiles; para ir de una ciudad a otra, si no usaban sus propios músculos caminando, montaban animales o carretas tiradas por ellos; para navegar y cruzar ríos y mares, lo lograban en barcas de vela impulsadas por la fuerza de los vientos. Las enfermedades diezmaban a las poblaciones, ya que solo se contaba con medicamentos obtenidos de plantas medicinales, y la expectativa de vida, en general, era corta y muy dura.
Dieciocho siglos de lento trajinar mantuvieron a la humanidad de esa forma; pero eso cambió con la Revolución Industrial, que se consolidó a inicios del siglo XIX. Las máquinas transformaron al mundo en menos de doscientos años, y con mucha más rapidez en los últimos cien. Nuestros abuelos, que nacieron sin aviones, automóviles, televisores ni teléfonos, en el lapso de su vida vieron aviones romper la velocidad del sonido y, en los televisores de sus casas, observaron cómo un hombre caminaba sobre la faz de la luna. Sin mencionar aún la revolución digital, donde, a partir de internet, el desarrollo de tecnologías no deja de sorprendernos año tras año con nuevas innovaciones. Ese es el poder de las revoluciones que transforman la economía y sus formas de producción de riqueza —y con ello al mundo—, o casi a todo el mundo. Sobra decir que Paraguay no fue actor importante de la Revolución Industrial y que, ya con un cuarto del siglo XXI avanzado, apenas poco más del 20 % de nuestra economía está basada en la industria, en su versión "liviana".
Y el mundo actual no espera. Cada vez avanza más rápido. Mientras ya se está en la cuarta revolución industrial, nosotros no hemos llegado ni a la primera: la esquivamos por un costado, y nuestra economía se transformó en una enfocada en servicios, que abarcan aproximadamente el 50 % de nuestra estructura económica. Con esto no queremos decir que esté mal el desarrollo de la economía de servicios, ya que permite diversificar las estructuras productivas y no depender en demasía de commodities atados a las fluctuaciones de precios internacionales, a los caprichos del clima e incluso al desgaste de los recursos naturales.
En este nuevo marco, los empleos son más formales y de mayor cualificación; se estimula la competitividad, la innovación y la meritocracia. Pero no hay que olvidar que también es un entorno más exigente: ya no admite improvisaciones ni gestiones ineficientes. Las relaciones más complejas obligan a construir instituciones mejor planificadas, eficientes y confiables. Esto, a su vez, exige marcos legales actualizados y modernos —previsibles—. En plena era digital, tenemos escenarios como el comercio electrónico, la protección de datos, las transferencias de capitales y valores financieros, entre otros.
Para esta nueva era de la economía —la digital—, la seguridad y el marco legal son pilares esenciales para el desarrollo seguro del intercambio. No podrá sostenerse sin normas regulatorias y una adecuada protección de dicho sistema. La seguridad digital y la transparencia de las acciones en ese entorno tan complejo y, a veces, volátil son imprescindibles; de no ser así, como país volveremos a ser espectadores en esta nueva oportunidad que representa la era digital.
El mundo digital ya no es un accesorio más en nuestras vidas, sino un medio protagónico de nuestro desenvolvimiento diario. Desde las más simples interacciones en redes sociales hasta las más importantes transferencias de valores e información se realizan en línea. Y esto conlleva un sinfín de riesgos: nuestros datos personales pueden ser utilizados para estafas, abusos o manipulaciones. Desde cierto punto de vista, los datos personales son un recurso estratégico de un país; de ahí la importancia de que los Estados mantengan la propiedad legal de los datos de sus ciudadanos.
Pongamos un ejemplo claro para que el lector dimensione los peligros de lo anterior. Esto se evidenció con el escándalo de Cambridge Analytica, en el cual una empresa británica tuvo injerencia directa sobre las elecciones de los EE. UU. en 2016. Se apropió de datos de 50 millones de personas —datos completos, incluso sobre sus gustos musicales y, por supuesto, sus tendencias políticas—. Con esto, la empresa podía focalizar en Facebook qué veía el elector estadounidense, manipulándolo e induciéndolo en la dirección que la empresa deseaba. No hace falta profundizar más sobre lo tendencioso que es esto: representa un peligro para cualquier democracia tener a una empresa extranjera manipulando, mediante prácticas de neurociencia y algoritmos, la voluntad de millones de ciudadanos y el destino de un país.
De ahí, volvemos a recalcar, la necesidad de actualizar las leyes que regulen estos nuevos aspectos de nuestras dinámicas sociales, culturales y económicas en el mundo digital, protegiendo los intereses de la gente por encima de otros. Desde hace un par de años está en estudio el proyecto de ley de Protección de Datos Personales en Paraguay. Está bien que se sea cuidadoso en su análisis, pero no podemos quedar una vez más a la zaga del mundo —el furgón de cola—. Por otro lado, también debemos ser celosos de las intenciones de quienes gobiernan, ya que no se caracterizan precisamente por buscar el bien común desinteresadamente. Así pues, el control de nuestros datos en sus manos no deja de ser un riesgo exponencial, igual o peor que en manos privadas. Baste un simple ejemplo: una ley débil que no considere de forma integral la protección de nuestros datos como un derecho inherente de las personas puede dejar abierta la puerta a arbitrariedades, como facilitar la persecución política de los ciudadanos. En ese aspecto, el proyecto actual presenta señales inquietantes, como la posibilidad de limitar dicho derecho con fines de "seguridad pública". Esto podría entenderse, pero al no estar bien definidos los criterios de qué es la seguridad pública en este contexto, ya genera suspicacias.
Otro aspecto se encuentra en el Capítulo I, Disposiciones Aplicables a la Administración Pública, que podría convertirse en un nuevo intento de deshacerse de un medio de contrapeso y control ciudadano que nunca fue del todo cómodo para el poder: la Ley de Transparencia. Bajo la excusa de la protección de datos, podrían anular de facto dicha ley, que tanto esfuerzo costó aprobar, exponiéndonos nuevamente a perder el espacio conquistado frente al manejo oscuro y secreto de la burocracia estatal y del estamento de poder.
Es una responsabilidad ciudadana mantenerse expectantes ante el estudio y la redacción final de esta legislación —tan importante como necesaria— para afrontar el futuro, protegernos de él y también ser parte de su construcción. Sin olvidar que, si el sector público tiene los medios para vigilarnos en nombre de la seguridad y la protección, los ciudadanos también tenemos el deber de controlar las acciones y la gestión del gobierno. Todos los sistemas republicanos descansan en los principios constitucionales, y estos, a su vez, reflejan que la calidad de la representación y de la gestión pública se basa en el resultado del constante control y vigilancia sobre el poder administrador.
El autor es Abogado, Ministro Ambiente 2002, Miembro Consejo Magistratura 2005 - 2008, Diputado MC 2008,