Asistimos, el último domingo de septiembre, en el centro de Asunción, a una violenta represión contra un grupo de jóvenes y mujeres de la generación Z, quienes se autoconvocaron para protestar contra la corrupción, los privilegios y los abusos de poder del gobierno actual.
Este grupo de ciudadanos y ciudadanas, que hacía uso de las garantías constitucionales del derecho a la manifestación, a la reunión y a peticionar a las autoridades —todos ellos consagrados en la Constitución Nacional— se había congregado para expresarse pacíficamente. Sin embargo, fueron repelidos de manera agresiva, con una violencia y un salvajismo crueles, siendo echados al suelo por miembros de las fuerzas policiales bajo el mando del comisario Gustavo Errecarte.
Este grave hecho de ferocidad policial nos remonta a la época de la dictadura stronista, cuando las personas que se manifestaban en contra del régimen eran perseguidas, golpeadas, asesinadas y desaparecidas únicamente por atreverse a expresar ideas diferentes y pensamientos críticos hacia el gobierno del tirano.
Queremos señalar que, tras los graves hechos de sometimiento policial —acompañados por la intervención de las fuerzas especiales conocidas como "linces", quienes en motocicletas atropellaron a mujeres en plena vía pública, dejándolas tendidas y heridas—, más de 25 jóvenes estudiantes fueron detenidos arbitrariamente. Fueron trasladados a la Agrupación Especializada de la Policía, donde permanecieron privados de su libertad sin orden judicial y en abierta violación de las garantías judiciales y constitucionales. Solo después de la intervención de un valiente equipo de abogados y abogadas pudieron recuperar su libertad.
Este deleznable hecho de represión y abuso de poder pretende reinstalar el miedo y el temor en la población paraguaya, con el fin de que no proteste ni denuncie hechos de injusticia, ni exprese opiniones contrarias al gobierno de turno, instaurando nuevamente la criminalización de la protesta social.
Ante esta violenta represión de la Policía Nacional, queremos señalar lo siguiente:
La protesta social es un componente esencial del sistema republicano de gobierno, porque constituye una manera de expresar disenso y exigir cambios.
La protesta social es un espacio ciudadano para instalar debates y cuestionar a las autoridades.
La protesta social es un indicador visible del nivel de democracia de un país.
La protesta social es un canal de comunicación ciudadana para visibilizar desigualdades y exigir justicia, entre muchas de sus características y utilidades públicas.
Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente, a exigir rendición de cuentas y a reclamar cambios a las autoridades. La protesta social no puede ni debe prohibirse ni, mucho menos, criminalizarse, porque ello debilita la democracia.
El Estado paraguayo debe respetar, facilitar y proteger el derecho a protestar, garantizado en la Constitución Nacional como parte de las libertades ciudadanas.
El uso de la fuerza pública contra los jóvenes de la generación Z expuso y visibilizó, ante la opinión pública nacional e internacional, que en Paraguay se han vuelto a normalizar la opresión y el castigo policial como método "disuasivo" contra quienes piensan diferente y levantan su voz en protesta.
Se está sembrando nuevamente el temor a expresar opiniones diversas y críticas hacia el gobierno, y se están estableciendo los cimientos de una estructura autoritaria y retrógrada en materia de derechos humanos, que socava y hiere gravemente los pilares de nuestra débil democracia y de nuestro tambaleante Estado de derecho.
¿Hacia dónde vamos, Paraguay?
