Opinión

Análisis del Código Laboral y su impacto regulatorio: un paso hacia la uberización del trabajo

29 de septiembre de 2024 - 07:30

POR Alexis Bogado

Economista. MSC en Economía Industrial y Redes. (Univ. De Montpellier, ex BECAL)

El reciente anuncio del Santiago Peña de eliminar la estabilidad laboral que rige actualmente en el sector privado a partir de los 10 años de antigüedad laboral, a través de un proyecto de ley de reforma del Código Laboral, constituye un atropello a los derechos adquiridos por la clase trabajadora. Con esto, presumiblemente se acrecentaría la precariedad e informalidad de los trabajadores, favoreciendo al sector empresarial, abaratando costos de mano de obra.

La decisión del señor presidente de la República, difícilmente se encuentra en concordancia con la promesa realizada durante su campaña política de “generar 500.000 nuevos empleos y cuidar a cada trabajador” y ratificada, no solamente el día de su asunción presidencial, sino en varios pasajes de su actual gobierno.

De manera a mejorar la calidad de la toma de decisiones del gobierno existe una herramienta esencial conocida como Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). El AIR sirve para identificar y evaluar los efectos potenciales, positivos y negativos, que las regulaciones futuras puedan tener sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía en general, buscando comparar alternativas de abordar problemas de política pública y resaltar la opción que se espera que brinde el mayor beneficio neto a la sociedad, es decir, que el beneficio para la sociedad sea mayor a los costos que esta deba asumir.

Además de contribuir a que las intervenciones gubernamentales estén basadas en evidencia, el AIR brinda la oportunidad de transparencia en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones.

Dicho de otra manera, esta herramienta no solamente ayuda a identificar los impactos potenciales en los diferentes sectores y grupos afectados por una determinada decisión política, en la que un grupo se beneficiaría y el otro asumiría costos (pérdidas), sino que ayuda también a identificar las mejores soluciones a problemáticas detectadas.

Al evaluar el impacto de las regulaciones, los gobiernos pueden mejorar el ambiente regulatorio y reducir la incertidumbre, asegurándose de lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar en pro del planeta y de las futuras generaciones.

Además, esta herramienta fomenta la transparencia en el proceso regulatorio al exponer la evidencia que sustenta las decisiones regulatorias, lo que a su vez aumenta la probabilidad de cumplimiento.

Como experiencia de la utilización de la AIR en nuestro país, en el marco de un proyecto de Cooperación Técnica de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), con el Canada’s International Trade-Global Affairs Canada del Gob. De Canadá, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), se trabajó la Mejora Regulatoria en el diseño e implementación de reglamentos técnicos, llevándose a cabo un Proyecto Piloto sobre la Calidad de los Cascos de Motocicleta Comercializados.

Una problemática nacional que, debido al significativo crecimiento anual de fallecidos causados por siniestros viales en motocicletas, ya había sido discutido en varias ocasiones, sin haberse tomado una intervención. Entonces fue tomado dicho caso para la utilización del AIR, teniendo como producto final la elaboración de la Res. MIC Nro. 1434/22 reglamentaria del Decreto Nro. 7627/2017, que crea el registro de fabricantes e importadores de cascos, y que estableció los parámetros de calidad para la comercialización de cascos, los cuales deben cumplir ciertas especificaciones técnicas con el fin de garantizar la calidad del producto y la seguridad de del usuario.

En esta materia, existen compromisos asumidos en el bloque económico al cual pertenece nuestro país, por citar al “Acuerdo de Buenas Prácticas Regulatorias y Coherencia Regulatoria del MERCOSUR” (Decisión CMC Nro 20/18), así como también el Paraguay ha suscrito la “Declaración de Buenas Prácticas Regulatorias” (Cumbre de las Américas, junio/2022).

La pregunta que debemos hacernos es, si el anuncio Presidencial: ¿se encuentra en sintonía con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?, favorecería a los trabajadores o a los empresarios?, ¿propiciaría la creación de las 500 mil nuevas fuentes de empleo? o más bien constituiría a una uberización del trabajo (proceso en que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y costos de su actividad), es decir abaratamiento de la mano de obra para los empresarios, colocando a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad, precariedad e informalidad, provocando incentivos mayores a la emigración y fuga de mano de obra joven y no tan joven, calificada y no calificada.

Sin embargo, para la utilización sistemática de esta herramienta, se requiere de compromiso político para su aplicación en diferentes sectores. El AIR permite una evaluación completa de los impactos económicos, sociales y laborales de las políticas propuestas, la prevención de consecuencias negativas y puede ayudar a mitigar problemas futuros. Para la Toma de Decisiones Efectiva, la utilización del AIR debe ser una práctica estándar en todas las reformas laborales y políticas públicas, a su vez, una capacitación continua de los funcionarios públicos y legisladores sobre su uso es de suma importancia.

En definitiva, el camino para reformar el código laboral debe ser cuidadosamente considerado. La creación de empleo no debe comprometer la estabilidad y los derechos laborales. Implementar el AIR de manera sistemática, en cumplimiento con las normas de la OIT, es fundamental para garantizar que las reformas sean justas y sostenibles. La colaboración entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores es clave para construir un entorno laboral equitativo y seguro, para ello es crucial involucrar a estos dos últimos (trabajadores y empleadores) en el proceso de toma de decisiones y así garantizar que sus voces sean escuchadas.