Sistema electoral, legalidad y la cuestión de la legitimidad

Con la independencia de los países de la región de las Américas, a principios del siglo XIX, empieza el proceso de construcción de las nuevas repúblicas, con diseño propio, con organizaciones distintas en las formas de Estado, pero todas ellas con la estructura del sistema de división de poderes, aunque con costumbres heredadas de las monarquías absolutas. Poco a poco, con el transcurso del tiempo, fueron creándose los sistemas de gobierno sustentados en sus constituciones; y desde principios del siglo XX se delinean los sistemas electorales y el derecho al voto, con miras a la mayor participación de la población para la elección de los gobernantes. Nacen los partidos políticos y se establecen en nuestro país los votos individuales, con exclusión del voto femenino, como ocurría en ese tiempo en la mayoría de los países del mundo, y cuyo ejercicio llegaría en la segunda mitad del siglo XX, en el año 1963, cuando se realizaron las elecciones, por primera vez, con la inclusión del voto femenino junto con el derecho a ser elegida.

El modelo democrático contemporáneo tiene sus bases en la adopción de la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787, cuando en base al pensamiento filosófico prevaleciente de ese tiempo con las ideas de Locke, Rousseau y particularmente de Charles de Secondat, barón de Montesquieu, se acentúa el cuestionamiento político contra la monarquía absoluta y a generarse los criterios jurídico-políticos basados en la soberanía del pueblo para la construcción de los nuevos estados independientes republicanos, cuyo sustento contra el poder absoluto se basa elementalmente en la separación de los poderes del Estado, ya que, según Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, no es aceptable que una misma persona haga la ley, la ejecute y administre la justicia.

En el proceso de importantes transformaciones sobre el concepto de Estado, la evolución del derecho constitucional y la instalación de nuevas estructuras gubernamentales, nuestro país ha pasado por etapas entre guerras, revoluciones, dictaduras y golpes de Estado que fueron, por un lado, fortaleciendo el ejercicio de la soberanía pero por el otro, con un impacto social que fue mermando la confianza en los procesos de instalación de autoridades, pasando por cinco constituciones nacionales desde la del 1870, al término de la guerra de la Triple Alianza. Esta desconfianza en el manejo de la elección de autoridades es algo que subyace hasta este tiempo, pero tampoco se puede decir que se hayan realizado los esfuerzos suficientes para crear confiabilidad y respeto a las cuestiones eleccionarias. Siempre nos acompaña la duda, el temor al fraude y la desconfianza, creo yo con fundada razón.

En las últimas elecciones, cuyo resultado final oficial se espera con ansiedad, se ha manifestado más que en ningún otro momento, el temor al engaño, al fraude en sus más diversas formas. Algunas denuncias de fraude parecen ser bastante ecuánimes, mientras otras parecen rozar con el delirio, por lo que resulta difícil el discernimiento que debemos tener en la búsqueda de la verdad.

La repetidamente reclamada, y la negativa a la apertura del Sobre 4 por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con disposición legal de su resguardo, pero sin mención explícita para el procedimiento de su apertura, parece haberse adentrado en el desánimo de la gente, con tanta insistencia que aún se siente en estos días. Esta limitación crea un desencuentro entre el principio de legalidad y la legitimidad. Desde nuestro punto de vista, la legislación electoral como tantas otras de nuestro país, posee un vacío, una laguna al respecto, que crea un nudo, impidiendo la transparencia con la prueba más contundente, para superar la desconfianza reinante respecto a la limpieza y seguridad de las máquinas electrónicas utilizadas. El uso de las máquinas electrónicas es legal, pero al parecer, no tiene legitimidad. En realidad, la informática ha sustituido al control público ciudadano, impidiendo el escrutinio público, condición indispensable para la transparencia. En estos últimos días, la Concertación de partidos y movimientos ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad, lo que podría dar claridad a este tema para la tranquilidad de la población.

La fecha para el anuncio oficial de resultado ya ha sido fijada, y la calma está volviendo poco a poco, y seguramente la información sobre la aprobación final y las proclamaciones oficiales de los elegidos podrá traer un bálsamo muy necesario para la paz en la convivencia política y social. Y aunque sabemos que las promesas de las autoridades elegidas en todos los estamentos han estado impregnadas de mentirillas, y como comentara un diario son casi una “misión imposible”, confiemos en que al menos cumplan con las necesidades más urgentes posibles y vayan eliminando las desigualdades crónicas que son muchas. Mientras tanto, vivamos con la esperanza de un mundo mejor posible.