El derecho a la verdad

Es difícil escribir en este tiempo. Mucho que comentar, pero con cierta angustia, porque nos hallamos ante un pueblo triste, e incluso podemos hablar de una crisis que pone en discusión el riesgo a la vulnerabilidad de los propios mecanismos del sistema democrático. Todo periodo de elecciones generales va cargado de expectativas, de sueños y esperanzas, siempre en el sentir de que las nuevas autoridades electas por nosotros traerán soluciones a los problemas existentes. Hemos votado, hemos elegido, y sigue presente una multitud insatisfecha en plena etapa del juzgamiento en el proceso de revisión de resultado. También hay una multitud invisible que permanece atenta con la misma interrogante. Persisten dudas que indican la generalizada desconfianza respecto a todo lo que proviene de los espacios de control del Estado. En este caso, del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Tantos errores, tantos engaños, tanta corrupción, tanta inseguridad, tanto abandono en la atención de los servicios públicos, nos lleva a esta situación en la que la ciudadanía cada vez más empobrecida, ya no logra creer en nada, no se cree en un sistema que se considera “amañado”, trayendo como resultado la justa protesta de grupos y personas, que se sienten excluidos. Es el resultado de la exclusión económica y social que sufre una gran parte de la población. Es una cuestión de derechos humanos.

Los gobiernos sucesivos en las últimas décadas han producido un desencanto a la ilusión sobre la “patria soñada” que no se ha visto realizada hasta hoy con la conquista de la democracia, creando esa sensación de que todo lo que proviene de las instituciones públicas carece de la garantía de la verdad. Y el derecho a la verdad aparece como una exigencia imperiosa e incontrolada, pero organizada con la lógica que se sustenta en una cuestión de fondo, cual es la necesidad de la transparencia, esta vez el temor al fraude y la búsqueda de la verdad sobre los resultados de las elecciones. Esta situación, según una amiga sicóloga, “ha desabrochado el cinturón de la paciencia”.  Y en el contexto de esta duda, de esta falta de credibilidad en la buena fe de las instituciones y sus autoridades, emerge la justa intolerancia. Se trata de la emergencia de una profunda decepción a causa de las desigualdades existentes y el abuso en el manejo de los bienes y recursos que deben proyectarse hacia  una prosperidad compartida.

¿Qué nos espera?  Los ganadores electos ya han sido anunciados, pero se halla pendiente la proclamación de los mismos, tanto del Poder Ejecutivo como los que han de integrar los gobiernos colegiados, el Poder Legislativo y las Gobernaciones. Observando la trayectoria de las personas elegidas para estos estamentos, la situación se muestra confusa y ambivalente. Nos hallamos ante una diversidad de personas, algunas confiables, pero que tendrán que convivir con otras de trayectorias dudosas y además, con implicancias legales o de otro orden.

Desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos humanos, pocos de los elegidos se han comprometido durante sus campañas. Se ha hablado de acceso a la educación, acceso a la salud y a los medicamentos, que son servicios del Estado. Se ha hablado de la creación de fuentes de trabajo y el acceso al empleo, pero no se ha hablado de la igualdad salarial y de la justicia tributaria, ni de la justicia distributiva del dinero público, el que llega con exceso a unos pocos y no alcanza para muchos. Nadie habló con precisión del combate a la pobreza, por ejemplo. Lo dan a entender en forma ambigua y solapada, con frases maquilladas, pero no con la firmeza que esperamos, con una estadística oficial de 25 % de situación de pobreza en el país.

Y efectivamente, nadie habló del cumplimiento de los compromisos contraídos con los Objetivos del Desarrollo Sustentable, ODS, y el derecho a un nivel de vida adecuado. Y en lo que concierne al lenguaje sobre la Agenda Global 2030, unos cuantos o muchos que ni siquiera lo han leído, se encargaron de endemoniarla, así como se hizo con la manipulación y tergiversación de la transformación educativa, con el malogrado proyecto que pretende eliminar, con una ley, la validez de un convenio internacional que se halla en el orden jurídico nacional con rango superior sobre las leyes.

Se siente una incertidumbre de lo que podemos esperar respecto a los cinco años venideros, pero esperamos que las manifestaciones de protesta, que estamos viviendo hoy, despierten la conciencia de los que han de gobernar nuestro país y que podamos llegar a caminar hacia la senda deseada para un Paraguay con prosperidad para todos y todas.