Nuevos protagonistas, nuevas promesas, nuevas esperanzas

Parece que las buenas nuevas están llegando a Paraguay. En estos días, con la designación de un nuevo fiscal general del Estado, y un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, se han tomado varias decisiones sumamente importantes en torno a compromisos y promesas en el ámbito de la administración de la justicia. Estas decisiones se ubican en un tiempo coincidente con la realización de los comicios generales del 30 de abril, ocasión en que serán electos los próximos protagonistas del Poder Ejecutivo, los representantes ante el Congreso Nacional, y los nuevos responsables de las gobernaciones y concejales departamentales.

Esta última, la administración de las gobernaciones departamentales, siempre se ha caracterizado por la ambigüedad de su lugar en el marco de la estructura del Estado, ya que es un ente de rango constitucional pero casi híbrido, instalado en el organigrama de un Estado declarado como unitario, tal es así que alguien dijo una vez que nuestro país es raro, porque al mismo tiempo, es unitario y descentralizado, ya que la creación de las gobernaciones tiene su origen en los Estados Federales y es propio de esta forma de organización del Estado. Algunos alegan, además,  que los gobiernos departamentales representan un costo muy alto para el Tesoro de la nación, y que la descentralización debería sustentarse fundamentalmente en los gobiernos municipales, los que doctrinariamente constituyen el mecanismo de descentralización por excelencia.

En el ámbito de la justicia la designación de un nuevo fiscal general del Estado ha refrescado el interés de la ciudadanía, creando de alguna manera una nueva expectativa, y a mi parecer, escuchando las entrevistas realizadas, el nuevo número uno del Ministerio Público ha dejado claramente establecida la función de este órgano del Estado, y que los agentes fiscales “deben entender que las cosas ocurren también en días feridados, por lo que siempre deben estar disponibles”. Yo aplaudo ese discurso pedagógico que deberían tener todas las autoridades, para que la gente comprenda acabadamente, qué es lo que puede esperar y qué es lo que puede exigir a cada una de las autoridades, más allá de las personas. Es obvio que la actuación con transparencia y la ausencia de corrupción es una de las condiciones sine qua non, pero al mismo tiempo, se necesita un entendimiento colectivo sobre la triada que compromete a la justica, con el Ministerio Público, los juzgados y la Defensoría Pública. He notado que el nuevo fiscal general ha manifestado claramente este aspecto en sus comunicaciones y probablemente eso puede ayudar al deslinde de responsabilidades a los ojos de la gente, cuando la justicia tambalea.

Los cambios que se presentan en el área de la justicia, con la presencia de una nueva visión de políticas y estrategias que se orienten ajustadas al principio constitucional de que el Ministerio Público es representante de la sociedad, y sumando a ello el nombramiento de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, aprobado por unanimidad  en el Senado de la Nación, nos hacen pensar que estamos viviendo una señal de anuncio del cumplimiento de las garantías constitucionales, y que la sociedad será atendida como siempre debió haber sido. Y aunque no han hecho referencia puntual al compromiso con los derechos humanos, imaginemos que así será.  Darle un voto de confianza a los nuevos protagonistas de la administración de la justicia es solo un pequeño escalón que podría tranquilizar los ánimos de la gente, y podríamos ver luego de años de angustias, una tenue luz hacia un rostro de justicia social ejercida en el marco del Estado Social de Derecho.

La renovación de autoridades, la ya realizada, y las que podrán ser posterior a las elecciones generales, puede marcar una nueva ruta, tanto en el sentido de la instalación de nuevas políticas para resolver los problemas más agudos que se presentan en la cuestión social como las desigualdades económicas y sociales tan visibles que ni siquiera necesitamos recurrir a las estadísticas para observar la cifra de cerca del 30 % de familias en estado de pobreza, y que esta situación guarda estrecha relación con la cuestión de la tierra, la vivienda y el trabajo decente, que son aspectos indispensables pendientes a atender si se pretende superar la situación de injusticia social, impulsora de resentimiento, así como otras conductas adicionales que nos afectan a todos y todas y debilita la fe en la democracia.