Cerremos la carrera de derecho por seis años

Causó repulsión a la ciudadanía la forma con la que fue recibido el abogado Jorge Bogarín después de la sesión del CM. Se podría inferir por la ruidosa y escandalosa celebración que ese grupo ha validado con esa acción las supuestas actividades torcidas de ese abogado, a quien los EE.UU. le ha declarado significativamente corrupto.

En los últimos días se han visibilizado casos muy peculiares que involucran a algunos profesionales abogados, como lo ocurrido con  una abogada en el Departamento de Identificaciones, quien al parecer, por tener piercing en la nariz habría tenido dificultades para que le confeccionaran la cédula de identidad, según lo manifestado en las redes sociales y medios de prensa. La profesional de la historia en cuestión argumentó que el piercing pertenece a su identidad y por lo tanto era imprescindible que no se lo sacara.

Otro caso un poco más llamativo es el que involucró también a una profesional del derecho, cuando reclamó a una empleada de una tienda por la negativa de un cambio de una prenda interior adquirida por la abogada. Por esta negativa, la empleada habría perdido el empleo, porque la abogada era conocida del dueño del local, según los medios informativos.

Estos dos casos son muy peculiares y visibilizan hasta qué punto la profesión de abogado está alejada de sus nobles principios esenciales de ser auxiliares de la justicia. En este hilo anecdótico es mejor no mencionar los innumerables casos de tinte netamente técnico-jurídico en los cuales la precariedad de conocimiento y la mala praxis de los profesionales del derecho se visibilizan. Aunque, para no desentonar, se puede mencionar a un joven abogado miembro del JEM que apenas podía leer un dictamen en una sesión del jurado.

Vinculando estas dos anécdotas curiosas y el patético intento de lectura de un miembro del JEM, vale refrescar la memoria mencionando que la facultad de derecho simpre se ha caracterizado por un fuerte vínculo con el poder  político-partidario de turno, en síntesis, una facultad altamente partidizada y convertida en un laboratorio de creación de “líderes” políticos que apoyen o que estén en consonancia con los gobernantes de turno.

A pesar de toda la parafernalia vivenciada hace unos días que pone en el ojo de la tormenta a la facultad de derecho de la UNA (no menciono las universidades privadas porque amerita otro artículo), en esta facultad han pasado varios ilustres profesores que han dejado sus huellas éticas y de profesionalismo a miles de profesionales abogados, quienes hoy en día están ejerciendo la profesión con mucha gallardía y corrección.

Pongamos como piso el advenimiento de la democracia, que ya va 34 años en el camino de alcanzar el cenit en nuestra sociedad. En estos 34 años, como ya es sabido, y es una perorata diaria que el sistema educativo del país se ha estancado y se ha perdido la noción de lo que implica la educación de una nación, esto tiene sus consecuencias gravísimas en la educación superior.

Si en 34 años no se ha transformado el sistema educativo, por consencuencia, la clientela formada en la precariedad tiene grandes dificultades para ingresar al sistema superior, en defecto, no se puede  pedir “peras al horno” como lo había sentenciado un ilustre político, también, quizás, resultado de esta precaria educación.

Actualmente, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) colabora financieramente con el programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que tiene como objetivo apoyar a las universidades públicas y los centros de entrenamiento vinculados al sistema de justicia, para el desarrollo del Estado de Derecho y la consolidación de una cultura de legalidad en Paraguay, a partir de la educación. El programa es ejecutado por el Instituto Desarrollo (ID).

En los cuatro años de este programa se han articulado un sinnúmero de talleres, seminarios, cursos, conferencias, tutorías, etc., para profesionales abogados, estudiantes y docentes  del país, especialmente a los profesionales docentes abogados de las universidades que forman parte del programa.

Este programa es un bálsamo para los profesionales y estudiantes del ámbito jurídico, pues mediante las diferentes actividades, estos pueden aumentar y fortalecer  sus conocimientos con el fin de ayudar al sistema judicial del país.

Bajo mi mirada, estimo que la población de abogados en el país  ha llegado a un techo, por ese motivo, ya se debería pensar y estudiar la posibilidad de articular estrategias para la modernización de la carrera de derecho.

Algunas ideas a ser consideradas desde mi perspectiva:

1. Suspender el ingreso a la carrera por seis años, con el fin de iniciar una evaluación exhaustiva de las debilidades y fortalezas de la carrera.
2. Restringir el ingreso y habilitar solamente un deterninado número de plazas (Numerus clausus), tal como ocurre con la carrera de medicina.
3. Iniciar la conversaciones con el sistema educativo obligatorio formal (MEC) y el rectorado con el fin de que los dos sistemas puedan estar vinculados.

Definitivamente, la lista es extensa y estimo que es la hora de abrir el debate a nivel país para la modernización de la carrera del derecho de la Universidad Nacional.

Es imperativo que la sociedad analice y reflexione sobre el rol esencial que desempeña la carrera de derecho en la construcción de una nación que debe sustentarse bajo la fortaleza de su justicia.

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