El innovador proyecto de Iniciativa Popular

El proyecto de Iniciativa Popular que se presentó ante la Cámara de Diputados cuenta en pocos días con más de mil suscriptores, quienes fueron adhiriendo desde el primer día a esta novedosa propuesta. Se trata de una iniciativa ciudadana, que aparece en un momento muy oportuno. Escuché algunos programas donde fueron invitados algunos referentes de los ciudadanos y ciudadanas quienes asumieron esta propuesta, que enlaza un interés particular en la cuestión de la educación con una postura crítica transformadora de la estructura burocrática del Estado, destinando parte de fondos de las gobernaciones al presupuesto para la educación, sin recurrir a una reforma constitucional.

El proyecto es innovador porque presenta una original compensación en la política de distribución del dinero público, que sobra en algún lado mientras falta en otras instituciones de interés prioritario, por lo que resulta ser pertinente, necesario y oportuno. Lo digo así, hablando de dinero en forma fácil. Y ese pensamiento me parece tan lógico, que lo celebro, ya que, según varios analistas, el problema central de la desigualdad social-económica-política radica en la desacertada distribución de los fondos del Tesoro, privilegiando a una pesada burocracia, y descuidando la atención a los grupos sociales de escasos recursos con dificultades para el acceso a una educación de calidad y otros servicios públicos.

Al mismo tiempo, el proyecto ha logrado despertar el entusiasmo de la gente invitando a una conversación, y convirtiéndose en una propuesta participativa con la magia del diálogo y la adhesión colectiva, seguramente por estar respondiendo a la demanda de la ciudadanía. En ese sentido, pude también escuchar contribuciones, propuestas y contrapropuestas, lo que me parece extremamente saludable. Obviamente, no faltan los detractores que pretenden, como de costumbre, tergiversar maliciosamente, tratando de confundir a la gente, y por supuesto, siempre en defensa de sus propios intereses y protegiendo lo que les “conviene” para seguir manteniendo el “paraíso” del país maravilla en que viven.

El aporte de este novedoso proyecto de ley adquiere relevancia desde el punto de vista de la puesta en práctica de las posibilidades de transformación de esta pesada estructura de nuestro Estado, sin necesidad de recurrir a la reforma constitucional, ya que en algunas organizaciones descentralizadas, la infraestructura institucional se ha ido estableciendo mediante leyes reglamentarias de la Constitución de la República a cargo de nuestros representantes en el Congreso Nacional.

He comprendido que este proyecto se ocupa principalmente de la reforma estructural de las gobernaciones, la que se establece por la ley 426/1994, Carta Orgánica del Gobierno Departamental. Esta legislación junto con la ley electoral, reglamenta el número y los mecanismos de elección de los miembros integrantes de la Junta Departamental, incidiendo con tremendo costo en el presupuesto de la Nación; y en este contexto, pretende reorganizar y reducir dicho número de concejales departamentales para destinar dichos fondos a otros destinos como ser la educación.

La lectura de la ley de las gobernaciones trae a mi memoria que también la organización municipal está establecida solamente por una ley del año 2010, la que modificó la anterior ley de los municipios del Paraguay. De las críticas que tengo hacia la Ley Orgánica Municipal n.º 3966 del año 2010 me ocuparé en mi próxima entrega, adelantando que el número y dietas de miembros de las juntas municipales de los distintos distritos tienen un sistema tan especial que representa el prototipo de la ley carente de equidad, ya que clasifica los municipios en cuatro grupos, no por su  población sino por su ingreso económico, marcando notables diferencias en los números de concejales y sus dietas. Municipio más rico, más concejales, municipio más pobre, menos concejales. Esta cuestión también podemos discutir y cambiar con la modificación de la ley municipal, sin necesidad de reforma constitucional.

Con anterioridad, gracias a Dios, también por ley, se ha eliminado el Parlasur, que solo sirvió como relleno para los que no tuvieron la suerte de colocarse en las listas de representantes en el Congreso Nacional. En este marco, es interesante el desafío de indagar mucho más en estas posibilidades y asumir la necesidad del achicamiento del Estado o la transformación de las instituciones, derribando por este medio la excesiva burocracia, que es sinónimo de lentitud, y que reproduce año tras año cargos de representantes y funcionarios a un costo tremendo del presupuesto de la Nación.

No podemos ser maximalistas y pedir todo al mismo tiempo, eso no, pero podemos soñar en que proyectos como la Iniciativa Popular  pueden incidir para el fortalecimiento de nuestra frágil democracia; y cuando se haya logrado este objetivo, que no será fácil, abramos los caminos para transitar hacia otras transformaciones como las municipalidades y los famosos consejos directivos y consultivos de no sé cuántas instituciones, transitando hacia una estructura burocrática más liviana y más eficiente, con una distribución equitativa del dinero público. Y ojalá podamos asumir que sin distribución equitativa del dinero público no puede haber desarrollo humano, y que el derecho al desarrollo debe llegar a todos y todas.