La visibilización de un Estado debilitado

El caos y la desorganización general que se han experimentado en estos últimos días, debido al sonado caso que involucró a un conocido colegio de la ciudad de Lambaré, visibilizó el debilitamiento del Estado en todos sus poderes. El estamento jurídico es el más expuesto por su endeble estructura para manejar casos como lo acontecido en una institución de enseñanza.

En los medios de comunicación y redes sociales se leen y se oyen un sinnúmero de opiniones de tinte jurídico, con las cuales algunos profesionales del Derecho tratan de aclarar los principios jurídicos, otros intentan dar vueltas para juzgar el deleznable suceso. Encumbrados juristas caen en contradicciones y no pueden explicar jurídicamente si lo ocurrido se puede tipificar como delito o no, debido a la figura de inimputabilidad de los supuestos autores del hecho.

Si los propios profesionales del derecho no pueden dilucidar casos delictivos que frecuentemente suceden en la sociedad, ¿qué sería de los individuos de a pie que no tienen formación jurídica? Estamos justamente experimentando la fragilidad del sistema jurídico del país; se nota que la justicia solo funciona con la presión de la ciudadanía y cuando los involucrados pertenecen a una casta privilegiada, es decir, una franja con mucho poder adquisitivo, pues según se desprende de las noticias, las cuotas de esa institución involucrada son muy altas, y solo para aquellos que pueden solventarlas. Por otro lado, se ha oído y leído que se produjo otro caso del mismo tenor en alguna ciudad de este sufrido país, pero ¿cuál es la gran diferencia entre el primero y el segundo? El segundo no fue mediatizado justamente por el factor social. Para el pobre, anónimo y de una escuelita estatal, la justicia no existe, o por lo menos, lo ignoran o lo dejan “en visto”, como dirían hoy en día la nueva generación de jóvenes.

La fragmentación social es endémica en este país. ¿Por qué se prioriza a la sociedad con mayor poder adquisitivo antes que a los que apenas tienen para salvar el mes? ¿Acaso la justicia no es para todos según nuestra Constitución Nacional? Esto se debe, de una vez por todas, solucionar para llegar a una conciliación nacional. La justicia debe imperativamente ser ejercida  para todos por igual y no por la cara del cliente o por estar relacionado con el Gobierno de turno. Un mal endémico que ya lleva décadas en nuestro país. El prebendarismo político-partidario de larga data se ha enquistado en las estructuras del Estado, como por ejemplo: el funcionario público debe responder a los colores de turno, algunos lo llaman el voto duro y otras folclóricas frases que pululan, como proverbios filosóficos dentro de los partidos políticos.

¿Quién tiene la culpa de esta fragmentación? Desde mi óptica, la tienen el estamento jurídico que debe administrar justicia y los partidos políticos que han hecho todo lo posible para lograr la pérdida de identidad de los paraguayos de bien.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) también tiene su cuota de culpa en estas décadas de transición democrática, con los constantes cambios de ministros, la mayoría de ellos, políticos que llevan aguas a su molino con votos duros de los docentes. Un ministerio aislado de la realidad educativa del país, que está en constante proceso de reformas y de transformaciones, sin un rumbo concreto hacia la estabilización de un verdadero sistema educativo con marca paraguaya.

Se filtran informaciones de que la institución involucrada en la que se detectó la cobarde acción hacia un niño es una multinacional con sede en España. Otras campanas dicen que la institución ya no pertenece a dicho holding educativo internacional. De los dimes y diretes filtrados por la prensa, muy poco se podría creer, pero hagámonos preguntas muy simples: ¿cómo pudo el MEC habilitar esa institución?, ¿quién controla sus ingresos, al parecer millonarios?, ¿quiénes son los supervisores que deben controlar la calidad educativa y seguridad que ofrece esa institución? En fin, hay un tendal de cuestiones sobre este punto que creo que el MEC tiene la responsabilidad de aclararlas. No solamente de esta especial institución privada, sino también de otras instituciones privadas que pululan en el país.

Vuelvo a la justicia. Basta de dar privilegios a instituciones privadas que lucran con la educación. ¿Organizaciones sin fines de lucro? ¿Exentas  de impuestos? Estas nebulosas que en estos momentos aparecen solo con el control de los entes estatales y con la ayuda de la justicia se podrían disipar.

El país está en una situación muy delicada y la población debe ser consciente de ella, los órganos de control no funcionan, los responsables de administrar justicia demoran y no actúan con la premura necesaria que ameritan los distintos casos de hechos antijurídicos.

En un mundo paralelo, los precandidatos a tambor batiente tratan de maquillar la situación, vendiendo, como siempre, espejitos… perdón, mejor dicho, ofreciendo combos de alimentos, combustible a precio de oferta y otras nuevas opciones que el marketing político dispone.

Definitivamente, estoy en contra de una fragmentación de la sociedad, esto infiere en un fuerte debilitamiento del Estado. Todos estamos bajo el mismo cielo y bajo la misma bandera tricolor. Si los gobernantes de turno y los responsables de administrar justicia no pueden enderezar este país, pueden ahora mismo renunciar a sus cargos y dar paso a una nueva generación que quiere un país mejor y una vida mejor para sus hijos.

*Correo electrónico: [email protected]