La resistencia a la vacuna. Sus consecuencias

Parecía que nos sentíamos aliviados con la disminución de infectados y fallecidos por  la zozobra causada por la pandemia. Sin embargo, con las informaciones actuales del Ministerio de Salud de Paraguay y de otros países del mundo, observamos  que estamos amenazados con nuevas cepas, y la cadena sigue desde el delta, pasando por ómicron y ahora estamos con la presencia de otras  peores, como el IHU que apareció en Francia. Todas estas cepas tienen sus fórmulas científicas ya registradas en la Organización Mundial de la Salud.

Estas últimas cepas poseen una gran capacidad de transmisión, como mutaciones de la familia del SARS-CoV-2. Y en medio de la aflicción de los gobiernos del mundo en su intento de parar los avances del virus, los grupos fanáticos se mantienen con su resistencia a la vacuna. Estos seres humanos, los llamados anti-vacunas que se han constituido en todo un movimiento, no toman conciencia de que se han convertido en el mayor peligro para la humanidad, en el símbolo de una conspiración mundial.

Hoy todos los países del planeta están tratando de generar estrategias para la eliminación o la mitigación del enemigo real y silencioso, el Covid-19. En este vaivén, las comprobadas cifras demuestran que las personas que han aceptado la inoculación de la vacuna están más protegidas tanto para no contraer la enfermedad, como en un menor riesgo de llegar a la unidad de terapia intensiva (UTI) si se llegasen a infectar. En Paraguay, las cifras de fallecidos muestran, según declaraciones de personas autorizadas, que el 80 % de los que se hallan en terapia intensiva y de los fallecidos son las personas que no se han vacunado o que tienen la dosis incompleta.

La discusión que se plantea en el mundo surge ante la pregunta ¿se puede obligar a un individuo a aplicarse la vacuna? Al respecto, los gobiernos están analizando sus constituciones políticas, y en ese marco se presentan dos obstáculos para la obligatoriedad: 1) el principio de la libertad, 2) que las vacunas se han regulado con carácter  de emergencia, aun en periodo de prueba.

He leído detenidamente nuestra Constitución y la Ley Nacional de Vacuna, N.º 4.621 del año 2015. En la ley no he encontrado ninguna disposición que afirme que la vacuna pueda ser obligatoria, pero tampoco encontré ninguna cláusula que prohíba tal obligatoriedad de carácter general. En esta ley se establece obligatoriedad, en casos de epidemia, para personas que ejercen función pública de servicio, con una lista taxativa.  El problema es que el Covid-19 no es solamente una epidemia, es pandemia, y sabemos, porque se ha publicado, que varias personas del servicio médico, que no se han vacunado por su propia voluntad, han fallecido.

Nuestra Constitución de la república establece en su Título II, Capítulo I “De la vida y del ambiente” que “la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, solo con fines científicos o médicos”. Creemos que este es el punto central sobre el cual se fundamenta la no obligatoriedad de la vacuna. En pocas palabras, los que hemos aceptado la inoculación estamos en el marco de disposición de nuestro cuerpo con fines médico-científicos para la vacunación de emergencia, de prueba. Los que se niegan a la vacuna están protegidos por el principio de la “libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo”. He ahí el dilema que se plantea en la mayoría de los países: la administración de la libertad, el derecho a optar.

Estamos en estos momentos viendo en las noticias cómo los diversos países se empeñan con estrategias de prevención, poniendo el foco precisamente en la restricción a la condición de los no vacunados. Las medidas de protección internacional son numerosas, la exigencia del pasaporte sanitario de doble dosis, más las pruebas de PCR, ya se alzan como regla universal. Francia e Italia fueron los primeros países que ensayaron fórmulas para poner límites a la circulación de los no vacunados restringiendo su entrada, al menos, en los lugares de concurrencia pública. En Austria el gobierno ha decidido que las personas no vacunadas guarden una cuarentena especial, que afectará a cerca de 2.000.000 de personas volviendo a la fase cero, y teniendo que justificar sus salidas de la casa, limitando las mismas solo para las compras de alimentación y farmacias. En Singapur el gobierno utilizó una medida de orden financiero al adoptar la medida de que los no vacunados no gozarán de atención gratuita, y deberán pagar de “sus bolsillos” todos los gastos del tratamiento.

Según noticias de BBC, Rusia, Alemania, Países Bajos, Australia y Letonia vienen aplicando medidas restrictivas en lo que concierne al cierre de restaurantes, actividades deportivas y tiendas. Rusia y Letonia han adoptado restricciones muy originales. Rusia otorgó a los trabajadores un periodo de vacaciones extraordinarias de nueve días, pagadas íntegramente, para descongestionar los contagios. Letonia ha prohibido a los legisladores declarados antivacunas participar en los debates y votar leyes hasta mediados de este año, y también se les descontará el sueldo. ¿Tendremos alguna vez algo así?

Las vacunas son caras y cuestan millones a todos los países. Paraguay, como país no productor, viene invirtiendo una enorme suma del Presupuesto General de la Nación para la adquisición de las diversas marcas. Y ya que no es posible obligar a las personas a la inoculación, es necesario que las autoridades, al menos por esta vez,  tengan capacidad de creatividad y se inspiren en propuestas inteligentes y realizables, con severas medidas restrictivas aplicables a los antivacunas, a fin de asegurar que aquellos que han decidido no protegerse a sí mismos, no sigan poniendo en riesgo a los que hemos cumplido con todas las reglas  para la protección de nuestra vida y con ello, el derecho a la vida para todos y todas.

* Jurista especialista en derechos humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia.