Opinión
Comunidades Indígenas. Desalojos en serie
La tierra es un bien de todos, no de unos pocos. Unos cuantos pretenden apoderarse de las tierras que pertenecen a todos los paraguayos y paraguayas. En los últimos meses se vienen produciendo una serie de desalojos ejecutados con violencia, incluso con medidas cautelares vigentes. La característica común es el uso de la actuación policial con ostentación de fuerza, con el amedrentamiento a las comunidades indígenas y las familias campesinas. Curiosamente con la promulgación de la ley que carga las penas en los delitos por invasión de propiedad privada, se aceleraron los desalojos selectivos.
Estos hechos producen reacción en gran parte de la ciudadanía decente. A tal punto llega la indignación y la impotencia, que la Conferencia Episcopal Paraguaya se pronunció con una Carta Abierta, del 29 de Noviembre de 2021, dirigida a los tres Poderes del Estado y al Ministerio Publico. En su primer párrafo, esta Carta hace este llamado: “Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra honda preocupación ante los desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinas en diversas zonas del país. Los episodios recientes nos producen indignación por lo que instamos a las autoridades nacionales a precautelar los derechos de los pueblos originarios en nuestro país y el derecho a la tierra de nuestros compatriotas” [1]
Tres comunidades indígenas, supuestamente “invasoras”, fueron desalojadas en dos semanas. Es de conocimiento de todos que cada pueblo indígena tiene su territorio ancestral, y goza conforme a su propia cultura, del derecho a la propiedad comunitaria, reconocido en la Constitución Nacional, la normativa internacional y las leyes de protección. Ellos, los indígenas, no invaden tierras. Son propietarios naturales históricos en sus territorios ancestrales. ¿Cómo van a ser invasores? Los invasores son “los otros”, son aquellos que compran y venden la tierra con sus habitantes ancestrales, habitando en ella. Con este sentimiento, nos hacemos eco del clamor de la hermana Raquel Peralta, Presidenta de CONFERPAR, a quien conozco desde hace mucho tiempo, como una persona comprometida con los derechos humanos, quien manifestara en un vídeo, entre otras cosas, que: “duele , indigna y avergüenza ver hoy, a los verdaderos dueños de las tierras por ser habitantes ancestrales, aplastados, pisoteados, avasallados y desalojados por el Estado al servicio de los terratenientes”.
Los desalojos tienen serias implicancias en la vida de la familia, los niños y las niñas. ¿A donde Irán todas estas familias indígenas? ¿Qué serán de sus hijos, los niños? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo duermen, como se higienizan? ¿Con quienes juegan? Es realmente alarmante. Al respecto, tuve la oportunidad de participar, gracias a la invitación de Amnistía Paraguay, en una reunión sobre la presentación de un trabajo de investigación junto con la campaña “Son niñas, no madres- Mitakuña ndajha´eiva´era sy” , sobre abusos sexuales de niñas, que a causa de estos abusos, quedan embarazadas, con edades entre 11 a 14 años. En la ocasión pude escuchar a la lideresa de la Comunidad Indígena Qom, la señora Bernarda Pesoa, explicando con esa sabiduría propia de su pueblo, las consecuencias de los desalojos y su conexión con los abusos de niños y niñas indígenas quienes como consecuencia de los desalojos se hallan en la calle, sufriendo todo tipo de abuso, entre ellos el abuso sexual, la drogadicción y la prostitución, apeligrando su propia vida, cada minuto.
En estos meses hemos estado viendo la película “Apenas el sol”, nominada para el premio Óscar, documental en arte, con protagonistas del propio pueblo Ayoreo, la que nos muestra la agonía de este pueblo a causa del despojo de su territorio. Vi a mucha gente llorar, viendo el film. Este despojo ha traído como consecuencia la diáspora de los clanes de este gran pueblo, condenándolos a la alienación, la miseria, la tristeza y la humillación. Son los sobrevivientes de una tragedia. ¿Queremos, acaso, seguir reproduciendo tragedias? Quienes son los invasores.? Y ¿qué justicia puede haber con leyes injustas?
Ante esta situación, remarcando el derecho a la vida de todos y todas, y considerando que estamos en un Estado de derecho, nos adherimos a la reflexión de los Obispos, quienes en los últimos párrafos de su Carta, recomiendan “que no se anteponga la necesidad de tipificar delitos antes que la urgencia de fortalecer, defender y promover el bien común como sustento de la paz social. Antes que criminalizar, los legisladores deben exigir y asegurar el acceso a recursos y oportunidades conforme a la dignidad de todos los ciudadanos, En este sentido, consideramos prudente que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación del Código Penal , o que se la revise con mecanismos de control y diálogo”[2]
*Jurista especializada en derechos humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia.
Asunción, diciembre de 2021
[1] Conferencia Episcopal Paraguaya. Carta Abierta, 29 de noviembre de 2021.
[2] Ídem.
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