Ycua Bolaños; corrupción, dolor e impunidad

Un domingo como hoy, pero hace ya 17 años sucedía la mayor tragedia de la historia paraguaya en tiempos de paz.

Era el 1 de agosto del 2004, dos días después del día de la amistad, una tranquila mañana de domingo que se convertiría en pesadilla.

El lugar en cuestión; el Supermercado Ycua Bolaños de Trinidad. Ubicado sobre Artigas y Santísima Trinidad.

Ese domingo el super inaugurado en diciembre de 2001 se encontraba casi colmado. Ninguna persona advirtió los que ocurría sobre ellos. Alguna chispa, grasa acumulada y la falta de mantenimiento de las instalaciones posibilitaron que alrededor de las 9 de la mañana el fuego se inicie entre el cielo raso y el techo. Justo arriba del patio de comidas.

Dos horas después aproximadamente el fuego hizo que el cielo raso ceda y las llamas recorran gran parte del local comercial.

Las personas que no fueron calcinadas al instante intentaron huir encontrando las puertas cerradas. Alguien dio la orden de cerrarlas. Así por manos del guardia de seguridad Daniel Areco y la orden del Propietario Juan Pío Paiva; 600 personas fueron encerradas en una caldera.

Para el mediodía humo podía ser visto prácticamente desde todos los puntos de Asunción. Los medios de prensa cubrían la noticia pero nadie podía dimensionar aún la gravedad de lo ocurrido.

Al estar las puertas cerradas, vecinos y transeúntes tuvieron que abrir junto a bomberos salidas para la gente. La misma comunidad rescató a las pocas personas que tuvieron la oportunidad de escapar. A las 9 de la noche el fuego desapareció y la cifra escalofriante fue conocida; alrededor de 330 fallecidos, 250 heridos y varios desaparecidos.

Acá empezaron a aparecer y discutirse las irregularidades en torno al supermercado.

Según la municipalidad de Asunción, en ese entonces dirigida por el hoy senador Enrique Riera, el local cumplía con las medidas contra incendios, aunque pareciera todo esto falso. Por ejemplo existían salidas de emergencia necesarias, ni funcionaban los detectores de humo, tampoco el mantenimiento estaba al día.

La patente de apertura del local fue otorgada por las autoridades del municipio capitalino en enero de 2002, aunque nunca se llegó a realizar la inspección final de prevención de seguridad, ni por autoridades municipales ni por bomberos, según estipulaba la ordenanza municipal de ese entonces.

Por el hecho fueron imputados Juan Pio Paiva, Víctor Daniel Paiva y Daniel Areco; propietario del supermercado, encargado del local de Trinidad y guardia de seguridad respectivamente, más varios funcionarios municipales y personas vinculadas a las obras de construcción del Ycua.

En diciembre de 2006 finalizó el juicio oral a los imputados. El tribunal compuesto por los jueces Manuel Aguirre, Elio Ovelar y María Doddy Báez decidieron que el hecho sea catalogado como homicidio culposo por 2 votos a 1. Las víctimas, familiares de víctimas y ciudadanía en general no aceptó el fallo y se generaron violentas protestas dejando un saldo de más de 60 detenidos y 49 heridos, pero al mismo tiempo la anulación del juicio.

En agosto del 2007 se inició un nuevo juicio después de varios cambios de jueces y en febrero de 2008 se leyeron las sentencias. El fiscal Édgar Sánchez había solicitado 25 años de pena privativa de libertad para los principales acusados del siniestro argumentando la acusación por homicidio doloso en grado eventual y exposición. Sin embargo, por ordenar el cierre de puertas Pio Paiva fue condenado a 12 años de cárcel, Daniel a 10, el guardia Areco a 5 años, fueron también condenados arquitectos y accionistas a 2 años y medio de prisión. En agosto de 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas carcelarias.
Daniel Paiva recuperó su libertad en 2013, su padre Juan Pio un año después. El hijo de los Paiva falleció en diciembre de 2020 luego de padecer por el COVID. Ningún funcionario municipal fue a prisión, sólo debieron abonar una multa irrisoria de menos de 20 millones de guaraníes.

Las víctimas de la tragedia fueron indemnizadas como dicta la Ley nro 3993 de julio del 2015. Esta ley indicaba textualmente que “Los familiares de las víctimas que sufrieron la muerte serán indemnizados con 3.000 (tres mil) jornales mínimos legales, mientras que las víctimas que sufrieron lesiones graves o permanentes serán indemnizadas con 2.000 (dos mil) jornales mínimos legales, y las víctimas que sufrieron lesiones leves serán indemnizadas con 1.000 (mil) jornales mínimos legales para actividades diversas”.

Cabe recordar de familiares de víctimas señalan que en realidad al menos 400 personas perdieron la vida en el siniestro.

El caso Ycua Bolaños es la muestra palpable de diversos males que nos aquejan. La mala gestión municipal, la corrupción enquistada en la función pública, la avaricia incesante de empresarios, la debilidad de nuestro sistema de salud y la impunidad reinante. El hecho podría haber sido completamente evitable. Hace 17 años que la historia de cientas de familias cambiaron para siempre. Hoy es nuestro deber seguir repitiendo con firmeza; “Memoria y Justicia”.