Covax: La transparencia que necesitamos

Hace unos días, en un acto oficial, el presidente de la República reconoció que el mecanismo COVAX no funcionó, culpándolo del retraso en la vacunación masiva de la población. Sin embargo, desde hace ya tiempo la ciudadanía ha asumido que COVAX no fue eficiente en la gestión de las vacunas contra el coronavirus y ha aceptado resignadamente el auxilio de países amigos que envían sus excedentes en cantidades que actúan como analgésicos para calmar el dolor y la impotencia del clamor popular.

Las expresiones del presidente fueron acompañadas por las frases: “a pesar de lo bien que hicimos nuestro trabajo” y “Paraguay ha hecho bien sus tareas”, tan reiteradamente escuchadas. Sin embargo, esta cuestión no tiene nada que ver con el mérito o la buena actitud, sino con un contrato de compra-venta que Paraguay firmó con COVAX que, entendemos, es una plataforma público-privada codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la provisión de vacunas y su distribución en el mundo.

¿Qué dice el contrato con COVAX firmado por Paraguay? ¿Cuál ha sido el rol de la OPS, brazo de la OMS en la región, como intermediaria en el negocio de compra-venta de las vacunas? ¿Posee el contrato internacional cláusulas de confidencialidad que el Estado paraguayo no puede dar a conocer?  ¿Se han establecido tiempo de entrega, identificación de las plataformas, precio, rescisión del contrato, resarcimiento en caso de incumplimiento?¿Se ha acordado la jurisdicción competente para casos de conflicto? Necesitamos respuestas a estas preguntas.

El derecho a la información y el acceso a la información pública son derechos reconocidos en varios documentos de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, la que incluso ha adoptado en el año 2008 los principios rectores del derecho al acceso a la información pública. En el caso de la información sobre la prevención del coronavirus y su insumo estratégico, las vacunas, está en juego el derecho a la vida, principio fundamental de los derechos humanos. Por lo tanto, es un asunto de orden público, una cuestión de seguridad humana.  El número de personas fallecidas redondea hoy 15.000. Son 15.000 vidas perdidas, la mitad de las personas fallecidas en la guerra con Bolivia. ¿Quién es responsable de esta muerte colectiva? ¿COVAX? ¿El Estado paraguayo? ¿Los funcionarios de la salud? ¿Quién?  Luchamos contra la pena de muerte, pero estamos ante un caso de muerte colectiva por falta de vacunas. Es una contradicción que duele en la conciencia.

El derecho a la información tiene su fundamento en la transparencia de la cuestión pública. Aquí la cuestión de las vacunas causó la renuncia de un ministro de salud. El Congreso emitió una declaración sobre el representante de la OPS y la ciudadanía se pronunció a través de las redes calificándolo como “persona no grata”. El representante de la OPS partió, fue reemplazado por otro. Y todo quedó en silencio. En cualquier país del mundo esto hubiera generado un gran escándalo. Aquí todo pasó al olvido. ¿Admitiremos que 15.000 fallecidos queden en el opareí?

* Jurista, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.