Derechos Humanos: responsabilidad del Estado

Uno de los primeros órganos creados por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial ha sido la Comisión de Derechos Humanos, que bajo el liderazgo del jurista francés, Premio Nobel de la Paz, René Cassin, elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en el marco del surgimiento de un nuevo orden económico y social y con la mirada puesta en un modelo de Estado basado en el bienestar y la dignidad humana. Pero ¿cómo cumplir estos derechos? Ese fue el desafío.

La adopción por la Asamblea de las Naciones Unidas del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, y su entrada en vigor en el año 1976, permitieron que cualquier persona o grupos de personas del mundo que consideraran que se les impedía ejercitar sus derechos humanos pudieran presentar sus denuncias a las Naciones Unidas. Ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y otras instituciones tuvieron posibilidad de elevar comunicaciones ante estos órganos. Se abría así la senda que dio paso a una revolución pacífica por la defensa de los derechos humanos. El mundo estaba cambiando.

Para cumplir con la verificación de cumplimiento de los Estados parte se creó el Comité de Derechos Humanos de la ONU que ha desplegado, hasta hoy, enorme capacidad para observar la situación en los estados a través de un examen periódico con expertos independientes. Junto con la ya prestigiosa Comisión de Derechos Humanos, se acordaron los mecanismos para la medición del cumplimiento, con estándares de referencia de aplicación universal. Más tarde se crearían el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Cabe recordar que el “caso de Paraguay” respecto a la aplicación continuada del estado de sitio ocupó en los años 80, durante un lapso prolongado, el debate en el seno de la Subcomisión de Expertos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hasta llegar en 1984 a la adopción de la histórica resolución que expresaba: “la Comisión de Derechos Humanos insta al gobierno de Paraguay a poner fin al estado de sitio”. Esta resolución causó, incluso, revuelo internacional, ya que era la primera contra el Estado paraguayo luego de tres décadas de autoritarismo con detenciones incomunicadas y una lista de desaparecidos denunciada desde mucho tiempo antes. Cinco años después se iniciaba el proceso democrático. Hoy es impensable considerar siquiera la posibilidad del uso indebido del estado de excepción.

Ya en 1978, respondiendo a los cambios que ocurrían en el mundo, en nuestra región había entrado en vigor la Convención Americana de los Derechos Humanos y se instalaban la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sedes en Washington y San José de Costa Rica. La cercanía geográfica, la afinidad cultural, el idioma y otras razones entusiasmaron a las organizaciones a presentar sus peticiones contra los estados que transgredieran los deberes comprometidos con la ratificación del Pacto de San José (de Costa Rica). Y se lograron importantes recomendaciones y sentencias que reconocieron derechos y cambiaron la vida de la gente.

Aunque parezca irónico, desde la llamada transición democrática hasta hoy, el Estado paraguayo ha debido afrontar más de 50 casos sobre denuncias de violación de derechos humanos y abuso de poder, peticionados ante el sistema interamericano. Estos casos, surgidos en las últimas décadas, tienen implicancias en varios niveles, ocasionando desgaste moral a todas las partes y, particularmente, altos costos financieros al Estado, por las millonarias indemnizaciones a pagar y los gastos en pasajes y viáticos para realizar la rendición de cuentas ante las instancias internacionales. Estos gastos son incalculables cuando se piensa en la cantidad de casos, gastos financieros que el Estado ahorraría con la implementación de políticas públicas apropiadas para la realización plena de los derechos humanos. ¿Es tan difícil, acaso?

* Jurista, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.